Conocer el pasado para entender el presente

El derecho a la vivienda como derecho humano básico aparece sólidamente fundamentado a nivel jurídico. Sin embargo, aunque ha sido ampliamente invocado en la configuración de las Constituciones Europeas, pocos derechos han sido tan visiblemente afectados por la crisis económica como el derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada. L as políticas públicas que han aplicado los gobiernos en materia de vivienda han contribuido a desencadenar la crisis económica global, porque han priorizado la atracción de capitales internacionales y se han olvidado de regular el mercado. Pero u na de las peores consecuencias de esa crisis económica que comenzó en 20 0 8, ha sido que muchos ciudadanos perdieron su vivienda por no poder hacer frente al pago de su hipoteca. Si bien hay una gran disparidad de datos según las distintas fuentes consultadas, se calcula que más de 700.000 personas perdieron en España su vivienda por desahucio. S egún la Plataforma de Afectados por la

LA MASACRE DE LA CARRETERA MÁLAGA-ALMERÍA. VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN En diciembre de 2007 se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; una ley que es más conocida con el nombre de ley de memoria histórica. Uno de sus objetivos era servir de base para la elaboración de políticas públicas dirigidas a recuperar y dignificar la memoria y los valores de quienes fueron masacrados por su defensa de los valores democráticos. Más de diez años después, se comprueban las graves deficiencias de la normativa y, sobre todo, la nula voluntad política de su efectiva puesta en marcha por el Partido Popular. El mayor exponente de esa falta de voluntad es el hecho de que desde 2013 no se dedica ninguna partida para la Ley en los presupuestos generales del Estado. Los principios de verdad, justicia y reparación han sido lo