Los Pactos de la Moncloa: realidad y mito

Firma de los Pactos de la Moncloa. Marisa Flórez. El País

En plena crisis por la pandemia de Covid 19, el Gobierno ha propuesto a las fuerzas políticas realizar unos pactos de estado encaminados a la recuperación económica del país, ante las graves consecuencias económicas que está produciendo la pandemia. Tanto los medios de comunicación como los líderes políticos hablan de estos pactos como unos nuevos Pactos de la Moncloa. Sin embargo las circunstancias políticas, sociales y económicas en las que se elaboraron aquellos acuerdos, así como los objetivos que se perseguían, eran muy diferentes tanto a la situación actual como a lo que se pretende conseguir con estos nuevos pactos.
Finalmente la oposición ha conseguido cambiar el sentido de los pactos, reconvirtiéndolos en una comisión parlamentaria. Aunque el Gobierno persiste en la idea de unos pactos que involucren a todas las fuerzas políticas en la tarea de la reconstrucción nacional, el principal partido de la oposición pretende convertirlos en una comisión de investigación de la actuación del Gobierno frente a la pandemia. En cualquier caso en las redes sociales se ha producido un intenso debate sobre los pactos y tanto en Twitter como en Facebook los usuarios de estas redes han expuesto sus opiniones, propiciando posturas a favor y en contra.
Se está hablando de los Pactos de la Moncloa como de un modelo a seguir ya que en parte coinciden con el objetivo que hoy se plantea tras la epidemia: la reconstrucción económica. Pero probablemente en la memoria colectiva se mitificaron aquellos pactos, tanto en su elaboración como en sus consecuencias, lo que ha llevado a entenderlos como el modelo ideal de acuerdo entre las fuerzas políticas, para salir de una situación de grave crisis económica y social como la que ya estamos viviendo y que se verá con toda su crudeza cuando salgamos de la emergencia sanitaria.
Con esta entrada pretendo describir las circunstancias políticas y económicas que hicieron necesarios los Pactos de la Moncloa, cómo fue el proceso de elaboración y los contenidos reales de los mismos. También se analizan las consecuencias que tuvieron y una comparación con la situación actual.

Crisis económica y política de los años setenta 

El final de la Dictadura tras la muerte de Franco coincidió con una profunda crisis económica debida, entre otras razones, a la enorme subida del precio del petróleo. En 1973, tras la guerra del Yon Kippur, los países árabes de la OPEP decidieron subir el precio del petróleo como medida de presión contra el estado de Israel y sus aliados. Entre 1973 y 1975 los países industriales habían conseguido reducir a la mitad la escalada de precios derivada de la subida del petróleo. Sin embargo en España había ocurrido lo contrario. El coste de la vida se había elevado en un 19% en 1976, amenazando con llegar al 30% en 1977. El desempleo alcanzaba al 5%, cantidad que entonces parecía alarmante, y el déficit exterior había pasado de 3.500 millones de dólares en 1975, a 4.200 en 1976 y llegaría a 5.000 el año 1977. Finalmente la crisis energética derivó en una crisis industrial.
Con la muerte de Franco en 1975 se abrió el proceso de transición política. Fueron frecuentes las grandes movilizaciones populares y se multiplicó el número de huelgas: 18.000 en el primer trimestre de 1976, seis veces más que en el año anterior. Las reivindicaciones laborales se mezclaron indefectiblemente con las políticas y la represión más dura era una constante. En ese contexto, a los problemas económicos se sumó la incertidumbre política. El retraso del gobierno en adoptar medidas contra la crisis aumentó la gravedad de sus consecuencias. A esto hay que sumar la actuación de ETA, que seguía cometiendo atentados, unos sindicatos que hasta abril de 1977 no se habían legalizado, por lo que a la firma de los Pactos estaban en pleno proceso de organización interna, la organización que agrupaba a los grandes empresarios, CEOE, no se fundó hasta junio y en cuanto a los partidos políticos, el último en legalizarse, el PCE, no lo hizo hasta el 9 de abril de ese mismo año. Otros partidos como como Acción Republicana o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no fueron legalizados hasta el 2 de agosto de 1977 e Izquierda Republicana, partido fundado por Manuel Azaña en 1934, no lo fue hasta el 10 de noviembre de ese mismo año.
Tras la aprobación en enero de 1977 de la Ley para la Reforma Política se convocaron elecciones generales para el 15 de junio de ese mismo año. Las ganó la UCD de Adolfo Suárez, que obtuvo 165 escaños, seguido del PSOE con 118. El PCE se quedó en 20 diputados y Alianza Popular obtuvo 16.

 Proceso de negociación y acuerdo

Ante la gravedad de la situación económica, en el seno del Gobierno de Adolfo Suárez empezó a plantearse la necesidad de un gran pacto que implicara tanto al conjunto de los partidos como a los agentes sociales. En esta propuesta tuvo gran protagonismo el vicepresidente económico del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana. El acuerdo tendría que tener una triple vertiente: económica, política y social. Por una parte, los acuerdos necesarios para detener las consecuencias de la situación económica iban a necesitar sacrificios, tanto para trabajadores como para empresarios. El Gobierno de la UCD, aunque tenía un importante respaldo en el Congreso, no contaba con mayoría absoluta, por lo que iba a necesitar llegar a acuerdos políticos para aprobar las medidas que había que adoptar. Por último, pero no menos importante, la necesidad de iniciar lo antes posible el proceso de elaboración de una Constitución democrática, hacía imprescindible contar con un tiempo político que permitiera realizar un debate sosegado, sin las interferencias de las discusiones sobre la solución a la situación económica.
A partir de agosto comenzaron las reuniones con los agentes sociales, en la sede del Ministerio de Economía y Hacienda. Los sindicatos, recién legalizados y por tanto en un proceso de organización interna y en vísperas de unas próximas elecciones sindicales, no podían llegar a pactar acuerdos que supusieran recortes salariales. Los empresarios, agrupados en la CEOE dirigida por el joven empresario catalán Carlos Ferrer Salat, en principio se mostraron dispuestos a negociar medidas de austeridad con los sindicatos y el Gobierno, pero en el mes de octubre cambiaron de postura y manifestaron que el Gobierno tenía que gobernar, no pactar.
En cuanto a los partidos políticos, Adolfo Suárez fue recibiendo en el Palacio de la Moncloa a los líderes políticos para escuchar sus opiniones. En septiembre Fuentes Quintana elaboró un documento que, una vez debatido con Adolfo Suárez y el resto de los ministros, fue remitido a los portavoces de los Grupos Parlamentarios, citándoles en la Moncloa para su discusión el fin de semana del 8 y 9 de octubre. Todos los partidos, aunque con matices, aceptaron la invitación. Tras esta primera sesión se llegó a un conjunto de acuerdos en lo que se llamó un “resumen de trabajo”. Posteriormente se celebró una nueva reunión de los representantes de los partidos en la Moncloa, para abordar los temas políticos que debían formar parte del acuerdo como un segundo bloque.
Fruto de estas reuniones el llamado “Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía” fue firmado en el Palacio de la Moncloa el 25 de octubre, retransmitido por TVE. El “Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política”, se firmó en el Congreso de Diputados el 27 de octubre, con la ausencia de Alianza Popular que consideraba que el Gobierno no debía recabar respaldos en materias que eran de su exclusiva competencia y porque suponía el “desmantelamiento de los medios de seguridad del Estado”. El debate en el Congreso de Diputados tuvo lugar el 29 de octubre y contó con la única abstención del diputado de Esquerra Republicana.

Contenido
El documento económico incluía 10 apartados. Para frenar el aumento descontrolado de la inflación establecía el control de precios y gasto público. En cuanto a los salarios, se estableció que para 1978 se pudiera pactar en los convenios colectivos un aumento de hasta el 22% de la masa salarial bruta, que era el crecimiento previsto de los precios. Se acordaba la regulación del sistema financiero, con el objetivo de reducir la inflación mediante el freno del crédito bancario privado y la congelación del crédito oficial.
Para luchar contra el paro el Estado aumentaría sus inversiones en un 30% y dotaría con 100.000 millones de pesetas esta política, distribuidos entre la mejora del subsidio de paro (60.000 millones) y la aportación del Estado al sistema de Seguridad Social (40.000 millones) para compensar la prevista reducción de cuotas y el aumento del seguro de desempleo. También incluía un aumento de la masa global de las pensiones del 30% a partir de enero de 1978 y se establecía la reforma de las relaciones laborales hacia un futuro Estatuto de los Trabajadores.
Se incluía una nueva regulación del sistema tributario, reduciendo las figuras impositivas al IRPF y Patrimonio, Sociedades y Sucesiones, y los tributos sobre el consumo para adaptarlo al IVA de los países de la Comunidad Económica Europea.
El documento también tenía un apartado dedicado a la política educativa. Concretamente el apartado IV del documento recogía los principios y criterios que debían orientar la política educativa. Se pretendía la democratización del sistema educativo, mejora de la calidad y homogeneización entre centros públicos y privados, con la gratuidad progresiva de toda la enseñanza: en el ámbito de los centros públicos con la construcción y equipamiento de nuevos puestos escolares (700.000 entre EGB, Preescolar y BUP), en los centros privados revisión profunda del sistema de financiación. Otras medidas de carácter económico eran una política de urbanismo, suelo y vivienda y la reforma de la Seguridad Social.
El Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política incluía una serie de reformas “para la adaptación del ordenamiento jurídico a las exigencias propias de la nueva realidad democrática”. Concretamente esas reformas se referían a la libertad de expresión, los medios de comunicación social de titularidad estatal, la regulación de los derechos de reunión y asociación política y modificaciones en el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal, el código de justicia militar y la ley de orden público. Terminaba el documento con el apartado dedicado a la reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público, que se estructuraron en dos sectores: un cuerpo civil formado por el Cuerpo General de Policía y dos cuerpos militares, Policía Armada y Guardia Civil.

Las consecuencias
Aunque CC.OO. y UGT no participaron directamente, aceptaron una política de concertación social, aun a costa de relegar sus intereses materiales inmediatos y su protagonismo a un segundo plano. No obstante expresaron sus reticencias por el tope salarial y lo que consideraban insuficientes medidas contra el paro.
La CEOE denunció que no había participado en el proceso, por lo que no podía apoyarlo. Además resaltó la incongruencia de hablar de economía de mercado cuando consideraba que no se contaba con principios fundamentales como la libertad de despido y de contratación, afirmando que lo acordado suponía la muerte de la empresa.
En cuanto a su aplicación, cuatro meses después de firmar los acuerdos apenas se había desarrolla-do su contenido. De sus efectos positivos se puede destacar la recuperación del equilibrio en la balanza de pagos, una mayor capacidad recaudatoria y progresividad fiscal así como el control de la inflación que superaba en los meses centrales de 1977 el 40% y cerraba el ejercicio con un 26,4%, situándose un año después en el 16%.
Como contrapartida la crisis económica duró seis años más y los ajustes y reformas se demostraron más duros y complejos de lo que se había previsto en 1977. El control de la inflación se hizo a costa del poder adquisitivo de los trabajadores.La mayor capacidad recaudatoria de la reforma fiscal se vio mermada por el fraude fiscal. El crecimiento económico se mantuvo en torno al 1% anual hasta 1982, el déficit presupuestario se disparó porque el gasto público pasó del 16% del PIB en 1975 al 23% en 1982. El paro masivo se convirtió en el principal problema: llegó al 16,2% en 1982 y al 21,7 tres años más tarde.
Las reformas políticas fueron frenadas por un contexto político diferente al del tiempo en que se acordaron. La falta de acuerdo entre los grupos políticos a fin de efectuar un control de la ejecución de los acuerdos, hizo que el Gobierno quedara libre para realizar una ejecución restrictiva de las reformas. La mayor aportación fue el establecimiento de una cultura del consenso, lo que propició la elaboración de la Constitución.
Los dos años que se habían dado los partidos para desarrollar y aplicar lo pactado no se cumplieron. Una vez aprobada la Constitución se celebraron nuevas elecciones en marzo de 1979, que volvió a ganar UCD. En su discurso de investidura Adolfo Suárez afirmó que el consenso había terminado. Reconoció su importante contribución al proceso constitucional, aunque sabía que también había producido decepciones. “Fue una solución excepcional para un momento igualmente excepcional”.

La situación actual
El principal elemento que la situación actual tiene en común con la que se daba en España en 1977 es una profunda crisis económica y que para salir de la misma será necesario establecer una serie de acuerdos, no sólo entre los partidos políticos, sino que debe incluir a los agentes sociales. Pero aquí terminan las analogías. Partimos de una situación económica totalmente diferente. Venimos de una serie de años con un crecimiento económico sostenido después de la grave crisis financiera que comenzó en el año 2008 y aunque las consecuencias económicas de las medidas tomadas para controlar la Covid 19 pueden llegar a ser incluso mucho más graves de las que produjo la subida de los precios del petróleo en 1973, tenemos herramientas con las que entonces no contábamos. Por una parte estamos integrados en la Unión Europea y, a pesar de las reticencias que han expresado los estados más ricos del norte, esperamos que aporte recursos para hacer frente a la crisis sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Por otra parte en España disfrutamos de un sistema democrático que no teníamos en 1977 y fruto del cual existe un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que, si bien ha cometido muchos errores en la gestión de esta crisis, de forma reiterada ha manifestado su intención de que la salida de esta crisis se haga sin dejar atrás a nadie y que las medidas que se tomen no recaigan exclusivamente sobre los trabajadores, como sí que ocurrió en la crisis de 2008.
A pesar de esas grandes diferencias entre la situación actual y la que existía cuando se acordaron los Pactos de la Moncloa, sigue siendo imprescindible un gran pacto para tomar los acuerdos necesarios para salir de la crisis social y económica que ya estamos viviendo y que se presentará con toda su crudeza cuando termine la emergencia sanitaria.