QUIÉN PONE EL PRECIO A LA LUZ
En los primeros días de 2021 el precio de la luz ha llegado hasta los 94,99 euros por megavatio hora, superando el mayor precio alcanzado hasta ahora que fue de 93,11 euros al que se llegó el 8 de diciembre de 2013. Esta enorme subida, con una nevada que ha sido calificada como histórica seguida de una ola de frío, además coincidiendo con las graves consecuencias económica de la pandemia, ha provocado la reacción de muchos ciudadanos que se muestran indignados con lo que consideran una estafa. También ha generado tensiones entre los socios de gobierno así como críticas por parte de los partidos de la oposición. Lógicamente el tema de la subida de la luz se ha convertido en uno de los temas que más se debaten en las redes sociales. Los distintos medios de comunicación han publicado noticias y artículos de opinión sobre el tema o han llenado horas de programación con debates sobre quien tiene la culpa de esta subida.
En esta entrada voy a describir el panorama de las empresas eléctricas en España, analizar cómo se calcula el precio de la factura de la luz y las distintas propuestas que se vienen haciendo para conseguir una mayor estabilidad de los precios y una efectiva bajada de la factura de la luz. Espero que esto arroje alguna luz sobre de quién depende el precio de la electricidad.
La liberalización de las eléctricas
Hasta 1997 el precio de la luz lo establecía el Gobierno. Ese año, durante el primer Gobierno de José María Aznar, se liberalizó el mercado eléctrico en España. Hasta entonces había varias eléctricas privadas y la pública ENDESA. En 1988 la empresa pública realizó una Oferta Pública de Venta por la que el sector privado adquirió el 24,4%. En 1994 el Estado vendió un segundo paquete de acciones, quedando su participación en el 66,89%. En 1996 ENDESA absorbió a otras dos compañías, Sevillana y FECSA, convirtiéndose en la mayor compañía eléctrica de España. Nuevas ventas se producen en 1997 y 1998 con lo que ENDESA se convirtió en una empresa privada con capital público, siendo su presidente el antiguo ministro en los gobiernos de UCD, Rodolfo Martín Villa. Actualmente es propiedad en un 70% de la eléctrica italiana ENEL, cuyo principal accionista es a su vez el Estado italiano, estando el resto en manos de inversores y accionistas privados.
Además de ENDESA, las empresas Iberdrola y Naturgy dominan el 90% del mercado eléctrico nacional. Las otras empresas generadoras de electricidad son EDP España y Viesgo. aunque existen más de 270 empresas comercializadoras que operan en todo el territorio nacional.
La reforma de Rajoy
En diciembre de 2013 el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En el preámbulo se justificaba la reforma debido a “la acumulación, durante la última década, de desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema eléctrico y que ha provocado la aparición de un déficit estructural”, por tanto se pretendía reducir el déficit disminuyendo los gastos, ya que una parte irían a cargo de los presupuestos del Estado, y aumentando los ingresos con la subida del precio de la electricidad que debían pagar los usuarios. Se modificaba el régimen retributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos. En la práctica suponía la reducción del apoyo económico que recibían las energías renovables a fin de potenciar su utilización. En la Ley se reguló el autoconsumo como fuente alternativa de generación de electricidad al margen del sistema eléctrico: “En este sentido, el articulado de la ley establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. Esto se tradujo en un aumento de los costes que lo hacía poco rentable. También se estableció el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que consiste en que el precio que paga el consumidor por la electricidad es el que se acuerda en las subastas diarias en las que participan las empresas comercializadoras y generadoras.
Qué pagamos en el recibo de la luz
Actualmente alrededor del 35% de la factura corresponde al precio que las comercializadoras tienen que pagar en el mercado mayorista por la electricidad; el 25% corresponde a impuestos y el 40% restante por los costes regulados que incluyen gastos como el transporte, la distribución, los incentivos a las renovables o la amortización del déficit de tarifa. La subida que ha tenido el recibo en estos días corresponde al mayor precio que pagan las comercializadoras por el coste de producción de la electricidad.
Las razones que alegan las empresas eléctricas para justificar la subida son: el encarecimiento del precio del gas, con el que funcionan muchas centrales eléctricas, el aumento del precio de los derechos de CO2, la reducción de la participación de las energías renovables, más baratas, por cuestiones meteorológicas y el aumento del consumo por las nevadas y la ola de frío.
Para los consumidores con “tarifa regulada” PVPC, que es la que tiene el 40% de los consumidores, el precio de la electricidad se determina mediante un sistema que traslada las oscilaciones al consumidor final. Los consumidores del mercado libre no notan estos cambios porque tienen una tarifa fija, aunque normalmente están pagando los precios máximos.
Cómo se calcula el coste de producción de la electricidad
Son las propias empresas eléctricas las que ponen ese precio siguiendo una serie de normas. El mercado mayorista está gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Cada día las empresas generadoras de electricidad y las comercializadoras, realizan sus ofertas para cada hora de la jornada siguiente. El sistema que utilizan se denomina “marginalista” e implica que las compañías eléctricas tengan “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) porque cobran toda la energía ofertada al precio más caro. Esto quiere decir que para cubrir la demanda se recurre en primer lugar a la energía más barata, generalmente las renovables. Una vez que se agota esta para cubrir la demanda, se recurre a la siguiente en precio y así hasta que se utiliza la más cara. Pero este último precio, el más caro, es el que se utiliza para todas las energías utilizadas, con lo que las eléctricas obtienen unos beneficios extra en el precio de las energías que, en principio, eran más baratas. A esto hay que añadir los llamados derechos de emisión. Se trata de un instrumento establecido por la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Se refiere a la cantidad que hay que pagar para emitir una tonelada de CO2 y que actualmente están por encima de los 30 euros por tonelada, con lo que se pretende que se utilicen más las energías renovables que no emiten CO2.
Las propuestas del acuerdo de gobierno
Unidas Podemos ha reclamado al presidente de Gobierno la participación en el mercado eléctrico para nacionalizar o crear una empresa eléctrica pública, lo que permitiría intervenir en el precio de la luz, a lo que se ha negado la parte socialista del ejecutivo. Pero en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se establece que el gobierno realizará cambios normativos para evitar los beneficios extra obtenidos por las eléctricas por el sistema de cálculo de los costes de producción. En concreto incluye la aprobación de un Plan nacional integrado de energía y clima, la reforma del mercado eléctrico y la bajada de la factura. Además, se comprometieron a elaborar “un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas; e impulsar la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas”. Otras medidas acordadas fueron “modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas”. Y también a “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”.
El cumplimiento de esos acuerdos posibilitaría una bajada de la factura eléctrica y la potenciación de las energías renovables.
Las alternativas
Además de la creación de una empresa eléctrica pública y la puesta en marcha de los acuerdos de gobierno firmados entre Unidas Podemos y el PSOE, se pueden tomar otras medidas que permitirían rebajar el precio de la luz. Así habría que implementar un mayor control de las grandes empresas eléctricas, para que no encarezcan ilegalmente el precio de la producción. Concretamente y ante la enorme subida del precio de la luz en estos días, habría que realizar una investigación sobre posibles irregularidades en el mercado eléctrico. También se hace necesaria una decidida apuesta por las energías renovables, como la mejor manera de reducir la dependencia exterior “energética” y aislarnos de la variabilidad de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, reduciendo el coste de la factura para las familias. Otra propuesta puede ser la bajada del IVA que actualmente es del 21%. Pero en un sistema de oligopolio, como el que controla el mercado eléctrico en España, sería mantener el beneficio de las grandes empresas a costa de la reducción de los ingresos del Estado, sin obtener nada a cambio.
Conclusión
Ante la pregunta sobre quien pone el precio a la luz, parece evidente que una vez liberalizado el mercado eléctrico, el precio lo ponen las grandes empresas eléctricas. Las sucesivas leyes de los gobiernos del Partido Popular, primero las de José María Aznar de 1997 y las de Mariano Rajoy en 2013 han reducido al mínimo el control que el Estado puede establecer sobre un sector estratégico como es el eléctrico. Esa falta de control por parte del gobierno se ve facilitada por la constante presencia de expresidentes, exministros y los que fueron altos cargos en la administración del Estado, tanto del PP como del PSOE, en los Consejos de Administración de las empresas que controlan el mercado eléctrico. Es lo que se ha llamado las “puertas giratorias”. Como consecuencia eso ha permitido una política energética a la medida de los intereses del oligopolio eléctrico. En los Consejos de Administración de estas empresas han estado tres expresidentes de Gobierno: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. También lo han estado doce ministros del PSOE, nueve del PP y numerosos altos cargos, tanto de uno como de otro partido.
Sin embargo, como hemos visto, hay alternativas para hacer que el mercado eléctrico sea más justo y que el precio de la luz no tenga tanto peso en el presupuesto de las familias trabajadoras, cuyo poder adquisitivo se ha visto tan mermado por las sucesivas crisis económicas.
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