DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL

 

El suicidio de la conocida actriz Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre, ha reabierto el debate sobre la situación de la atención a la salud mental en España, así como sobre la necesaria información de los casos de suicidio, con un tratamiento informativo adecuado.

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, de tal forma que la salud mental es parte integral de la salud y el bienestar de las personas.

En este artículo hago un breve repaso a la historia del tratamiento recibido por las personas que sufren alguna enfermedad mental, tanto por la sociedad como por los servicios médicos; se describe la situación actual sobre el reconocimiento del derecho a la protección de la salud mental en nuestro país y termina con una breves conclusiones de quien esto escribe, aunque lo realmente importante es que las conclusiones las saquen quienes se molesten en leer estas líneas. Espero que sean útiles para crear conciencia sobre la necesidad de garantizar el derecho a la salud mental de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta, además, que todos estamos expuestos a sufrir algún problema de salud mental a lo largo de nuestra vida.

Un poco de historia

En el antiguo Egipto ya aparecían referencias escritas sobre los problemas de salud mental. Creían que eran castigos divinos, por tanto se pretendía su curación mediante ritos religiosos. También los griegos los relacionaban con la religión. Durante la Edad Media se avanzó poco en el conocimiento de las enfermedades mentales. A los enfermos se les aplicaban exorcismos y torturas para expulsar los espíritus malignos. También se practicaba la trepanación que consistía en hacerle un agujero en el cráneo. Durante el siglo XV se crearon en Europa establecimientos donde internarlos. En España se crearon hospitales de locos, también llamados de Inocentes. El primero fue el de Valencia en 1410, algo más tarde se pusieron en funcionamiento los de Zaragoza (1425), Sevilla (1435), Valladolid (1436), Toledo(1483) y Granada (1527). El tratamiento que recibían los que eran confinados en establecimientos estaba basado en la utilización de medios coercitivos. Frecuentemente eran encadenados.

En 1484 el papa Inocencio VIII encargó a los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger que escribieran un libro que se tituló “Malleus Maleficarum”, publicado en Alemania en 1487, sobre la forma de identificar a los demonios y liberar a los embrujados por ellos. Muchas de las personas ejecutadas por brujería eran en realidad enfermos mentales.

Durante el siglo XIX empiezan a cambiar las cosas. Algunos médicos defienden una terapia emocional, con tratamientos no basados en la tortura. En 1844 se creó en Lloret de Mar (Girona) un centro fundado y dirigido por el médico Francesc Campdera. En esta institución lo importante para el tratamiento del enfermo era la salud corporal, la alimentación y la educación tanto moral como física. Se buscaba sobre todo la tranquilización del enfermo, sin utilizar métodos coercitivos. A través de la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876, se introducen en España la nueva psiquiatría alemana y ciertas tendencias como el psicoanálisis y la psiquiatría fenomenológica.

El siglo XX marca el comienzo del desarrollo científico de la Psiquiatría. Aparecen la psicoterapia, la clasificación de las enfermedades mentales y la psicofarmacología. También se empieza a desarrollar la enfermería mental. Un gran avance fue la creación en 1909 del Movimiento por la Higiene Mental, fundado por el psiquiatra estadounidense Clifford Beers. Sus objetivos eran prevenir la enfermedad mental, terminar con la estigmatización de los enfermos mentales y promover la investigación y la enseñanza de los médicos psiquiatras. En España se creó en 1926 la Liga Española de Higiene Mental, que tuvo gran influencia en el posterior desarrollo de la Psiquiatría en nuestro país. Se creó a instancias de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y se inspiraba en las Misiones Pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Su objetivo era llegar tanto a la población en general como a los poderes públicos. Entre otras acciones, se promovieron el Decreto de Asistencia Psiquiátrica de 1931 y el Consejo Superior Psiquiátrico. Se inauguró una escuela de Psiquiatría y se exigía titulación para atender a los enfermos mentales. El Gobierno Provisional de la II República promulgó un nuevo decreto de internamiento de enfermos psíquicos, que recogía casi íntegramente el anteproyecto de la Liga: "todo enfermo psíquico debe recibir asistencia médica en España, bien en el medio familiar, bien en un establecimiento público o privado, cuya organización técnica correspondería al estado actual de la ciencia psiquiátrica". En 1932 se creó el primer Dispensario de Higiene Mental de Madrid, como centro piloto. Su misión específica consistía en el estudio de los procesos iniciales, el tratamiento ambulatorio de los casos leves y las curas de reposo en servicio abierto de los enfermos pobres.

La dictadura franquista supuso dispersión, cárceles y marginación interior, para buena parte de la generación de psiquiatras republicanos. A partir de 1940 en los manicomios españoles se aplicaban la insulina, el electroshock y las lobotomías como tratamiento para los pacientes con larga hospitalización. En 1971 la Coordinadora de Psiquiatría reaccionó contra ese estado de cosas, proponiendo terapias más científicas y humanizadas.

En la Constitución de 1978 se recoge en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y el 49 se refiere más específicamente a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluyendo las de carácter psíquico. Sin embargo hasta mediados de los ochenta, la asistencia psiquiátrica pública en España se asentaba en los hospitales psiquiátricos y los neuropsiquiatras de la Seguridad Social.

La situación actual

En la Ley General de Sanidad de 1986 se equipara, por primera vez en nuestra legislación, al enfermo mental con el enfermo somático. A partir de ese momento hay un gran desarrollo normativo. El Real Decreto 63/1995 determina las prestaciones cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, incluyendo la atención de la salud mental y la asistencia psiquiátrica. La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, incluyó la atención a la salud mental como parte integrante de las prestaciones de atención primaria y atención especializada, desarrolladas en el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

Sin embargo la realidad del sistema de atención a la salud mental dista mucho de ser buena. Hay importantes carencias tanto en atención primaria como especializada. Faltan médicos de atención primaria, trabajadores sociales y terapeutas ocupaciones, entre otros. A nivel europeo, España está a la cola tanto en el número de psiquiatras como de psicólogos.

Según la Encuesta Europea de Salud en España 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país el 12,74 % de la población de 15 y más años presenta sintomatología depresiva de distinta gravedad, siendo la frecuencia de la sintomatología depresiva prácticamente el doble en mujeres que en hombres. Según datos del INE para el primer trimestre de 2020, el suicidio se ha mostrado como la primera causa de muerte externa en la población española.

Algunos informes señalan que la ratio de Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica que trabajan en el sistema público de salud puede estar en torno a 5,58 por cada 100.000 habitantes, con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas, cuando se considera que ese número no debería ser inferior a 12.

La pandemia de Covid ha venido a agravar el problema. En el “Estudio Longitudinal del Impacto Derivado de la Covid-19 en la población española”, realizado entre marzo y junio de 2020 en el marco de la Cátedra extraordinaria UCM-Grupo 5 Contra el estigma (Universidad Complutense de Madrid y Grupo 5), se analizó el uso de los servicios de salud mental por parte de la población española entre marzo de 2020 y marzo de 2021, encontrando que el 40% de la muestra reveló haber tenido algún problema de salud mental en los últimos 12 meses. De ese 40%, solo el 23% señaló haber recibido algún tipo de tratamiento presencial o a distancia. Los que no solicitaron ayuda, reflejaron no haberlo hecho por considerar que podían manejar los problemas por sí mismos (40%), que sus problemas mejoraron solos (20%), o por no poder permitirse pagar un tratamiento (20%).

En este contexto el Grupo Parlamentario de Unidas-Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley General de Salud Mental, actualmente en discusión en el parlamento. En la misma se establece que “Constituye el objeto de la presente ley garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión en la sociedad sin estigmatizaciones ni discriminaciones, respetando los derechos humanos”. Para ello propone una serie de medidas que hacen referencia a la atención a la salud mental y sus garantías, las funciones de promoción e investigación, la prevención del suicidio, la revisión de las prácticas de coerción y las medidas específicas para afrontar la crisis de la COVID-19.

Conclusiones

Resulta evidente que a lo largo de la historia el reconocimiento de la enfermedad mental, la atención sanitaria y la lucha contra la estigmatización de las personas que la sufren, ha tenido grandes avances. Sin embargo los recursos del sistema público de salud destinados a garantizar el derecho a la salud mental son claramente insuficientes. En comparación con los países de nuestro entorno, España cuenta con un menor número de profesionales en los diversos ámbitos relacionados con la atención a la salud mental.

Por otra parte aun persiste la estigmatización de las personas con algún problema de salud mental, lo que provoca que no soliciten ayuda a tiempo y en el lugar adecuado. Para los que lo hacen, las soluciones a los problemas de salud mental se han dirigido de manera prácticamente exclusiva a disminuir los diferentes tipos de sintomatología, fundamentalmente a través de tratamientos farmacológicos, relegando la promoción y la inclusión social y comunitaria a un segundo plano. Los recursos sociales y materiales, así como la estructura de la atención primaria, son claves para proporcionar una atención comunitaria en salud mental de calidad, de carácter integral y para la inclusión social.

Se hace necesaria, por tanto, una revisión de la situación actual de la atención a la salud mental, que garantice el derecho a la protección de la salud mental y actúe de forma más decidida contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental.