Los sindicatos

 

La elevada tasa de inflación que estamos sufriendo últimamente supone una considerable merma del poder adquisitivo, sobre todo para los trabajadores. Las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la necesidad de un acuerdo entre patronal y sindicatos para la subida de salarios, así como el apoyo a las movilizaciones que realicen los sindicatos, si la patronal se niega a negociar esas subidas, ha vuelto a situar en el debate público el papel de los sindicatos.

Lo cierto es que últimamente los sindicatos están recibiendo fuertes ataques a través de determinados medios de comunicación y de representantes de las derechas. No hace tanto que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificaba a los trabajadores en huelga de “antipatriotas”. Más recientemente, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y militante de Vox, Juan García-Gallardo, afirmaba estar dispuesto a combatir los privilegios de los sindicatos y acusaba a las organizaciones sindicales de “años de saqueo de lo público”.

En este artículo intentaré aclarar cual es el papel de los sindicatos, haré un breve recorrido por su historia y describiré los avances que en materia laboral se han producido en España, fruto de su actuación.

A QUÉ LLAMAMOS SINDICATOS

El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define, en su primera acepción, como “asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses”. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23 que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. La Constitución española de 1978 recoge este derecho en varios de sus apartados. En su artículo 7 recoge lo que sigue: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. El derecho de libertad sindical y el derecho a huelga, se encuentran reconocidos en el artículo 28:

“1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”.

Por último el artículo 131.2, se refiere a la participación de sindicatos y asociaciones profesionales en la planificación de la economía:

“2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas”.

Los gastos necesarios para realizar su labor se subvencionan fundamentalmente a través de las cuotas de sus afiliados. En el caso de Comisiones Obreras, unos 130 millones de euros anuales que cubren, aproximadamente, el 85% de los gastos corrientes. El Estado aporta alrededor de 16 millones de euros entre todos los sindicatos, repartidos según la representación electoral de cada uno en las elecciones sindicales. Las organizaciones patronales reciben del Estado una cantidad parecida, sin que se justifique por su afiliación.

Por tanto no son instituciones exóticas ni extrañas a la sociedad. Están formadas por trabajadores, que democráticamente eligen a sus dirigentes, y el derecho a su creación y pertenencia a los mismos se encuentra ampliamente recogido en nuestras leyes y las de todos los estados democráticos.

UN POCO DE HISTORIA

Los primeros antecedentes hay que buscarlos a finales del siglo XVIII, con el comienzo de la revolución industrial y la conversión de artesanos y campesinos en asalariados de las fábricas. Pronto empezaron las acciones de carácter colectivo en defensa de sus intereses y los gobiernos acabaron prohibiéndolos. A partir de 1820 se crearon Sociedades de Socorro Mutuo, que ayudaban a los trabajadores en caso de paro o enfermedad y actuaban como cajas de resistencia en las huelgas, con las cuotas que pagaban los afiliados. En 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores o I Internacional, por delegados de asociaciones obreras de varios países.

El auge del capitalismo supuso la consolidación de sindicatos de masas en los que se afiliaron millones de trabajadores.

El sindicalismo español se originó fundamentalmente en dos núcleos: el núcleo textil catalán y el núcleo agrario andaluz. En 1840 se fundó el primer sindicato en España: La Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón que llegó a alcanzar en 1842 los 50.000 afiliados. El núcleo agrario andaluz se caracterizaba por la extremada situación de explotación que sufrían los jornaleros. En 1834 se produjo un motín de jornaleros en Algarinejo (Granada) pidiendo el reparto de una dehesa. En 1840 se ocuparon y repartieron varios cortijos entre vecinos de Casabermeja (Málaga). Al levantamiento de Pérez del Álamo en Loja (Granada) en 1861 se le sumaron cientos de jornaleros, que tomaron Loja e Iznájar.

La sección española de la I Internacional se fundó en 1869. En 1881 se constituyó en Barcelona la Federación de Trabajadores de la Región Española que 1882 llegó a contar con 60.000 afiliados. Se disolvió en 1888, el mismo año que se creó la UGT. En 1910 se creó el sindicato de orientación anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que en 1917 ya contaba con 73.860 afiliados. La crisis económica tras finalizar la I Guerra Mundial provocó numerosas huelgas en las que tuvo un papel muy importante CNT que en 1920 ya tenía 600.000 afiliados. La agitación también prendió en Andalucía especialmente entre 1918-1920 en el llamado Trienio Bolchevique. Surgieron sindicatos católicos, aunque este tipo de sindicalismo tendrá mayor éxito entre la población agraria.

Fruto de la actuación de los sindicatos, se aprobaron las primeras leyes laborales en España: leyes de protección del trabajo femenino e infantil (1900); Ley de Accidentes de Trabajo (1901); Ley del descanso dominical (1904); creación de la Inspección del Trabajo (1906); Ley del Derecho a la Huelga (1909); prohibición del trabajo nocturno femenino (1912); jornada laboral de 8 horas (1919); creación del retiro obrero (1921).

Durante la Dictadura de Primo de Rivera prácticamente desapareció la conflictividad social protagonizada por los sindicatos, pero se reactivó en 1929 con la pérdida de casi 4.000.000 de jornadas en huelgas.

La II República supuso una fuerte reactivación de los sindicatos, a los que se afiliaron millones de trabajadores. Fundamentalmente a CNT y UGT, pero surgieron otros como Euzko Langillien Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV). El papel de los sindicatos obreros fue fundamental durante la guerra civil en la defensa de la República.

Las relaciones laborales en la etapa franquista estaban condicionadas por la promulgación de El Fuero del Trabajo, en 1938, que pasa a ser una de la leyes fundamentales del régimen. No había posibilidad de conflictos colectivos de trabajo pues sólo existía un único sindicato controlado por el Estado, el sindicato vertical. Un nuevo movimiento obrero nace en la oposición a Franco, a partir de los años sesenta. Surgen nuevos grupos vinculados a movimientos cristianos de base, como las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), o la Juventud Obrera Católica (JOC). A partir de comisiones de obreros que negociaban directamente con los empresarios las condiciones laborales, surgen en 1962 las Comisiones Obreras (CC.OO). También surgen otros sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO).

Durante la transición a la democracia también fue destacada la actuación de los sindicatos, fundamentalmente en las negociaciones con empresarios y gobierno para garantizar la estabilidad política que permitiera el paso pacífico a la democracia. Son los años de los grandes pactos y de la presión sindical para que el gobierno publicara las leyes para que la democracia también llegara al mundo del trabajo: en 1976 la Ley de Relaciones Laborales incluía mejoras destacadas como la reducción de la jornada laboral a 44 horas semanales, la ampliación del descanso semanal a un día y medio, y de las vacaciones anuales a 21 días, la creación del Fondo de Garantía Salarial y del contrato de trabajo en prácticas; en 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Entre los pactos destacan en 1977 los Pactos de la Moncloa; El Acuerdo Básico Interconfederal en 1979 entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y UGT; en 1981 se creó el Acuerdo Nacional de Empleo, firmado por el Gobierno la CEOE, UGT y CC.OO.; el Acuerdo Interconfederal (1983) contó con el apoyo de UGT y CEOE y el rechazo de CC.OO. y en 1984 los mismos agentes sociales aprobaron el Acuerdo Económico y Social. La última negociación tuvo lugar en 2021, fruto de un complejo proceso de negociaciones entre el gobierno, la patronal y los sindicatos CC.OO. y U.G.T. que hizo posible una profunda reforma del Estatuto de los Trabajadores.

No todo han sido luces en la historia del sindicalismo español. Por destacar los que tuvieron mayor repercusión mediática están el presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea, la participación de dirigentes sindicales (además de políticos y empresarios) en el caso de las tarjetas black como consejeros de Caja Madrid y Bankia y, más recientemente el de los fondos ERE en Andalucía, en el que se imputó a los sindicatos UGT y CC.OO por responsabilidad civil.

En cualquier caso, esos casos de corrupción y otros que puedan haberse producido, no empañan la larga historia del sindicalismo en defensa de los derechos de los trabajadores.

LOS SINDICATOS EN LA ACTUALIDAD

La fuerza de los sindicatos a la hora de negociar con la patronal, reside en el número de afiliados con que cuentan. Desde la recuperación de los derechos democráticos la afiliación sindical no dejó de subir. El año 2000 en España había dos millones de afiliados y afiliadas, cifra que creció hasta casi tres millones en 2008, momento a partir del cual la sindicación empieza a descender. Eso no es una característica exclusiva de nuestro país, sino que se da en todos los estados europeos. Las razones que se dan para explicar esta bajada de la afiliación son diversas. Una de las que más se esgrime es el triunfo del neoliberalismo a partir de 1980. Los sucesivos recortes, leyes laborales represivas y desregulación del mercado laboral, han producido la apatía y desmovilización de muchos trabajadores que han dejado de confiar en la utilidad de los sindicatos para mejorar su situación.

También se han producido cambios estructurales a los que los sindicatos no han sabido adaptarse. Cambios como la informatización y tecnificación de la industria; la deslocalización a zonas con menos derechos laborales adquiridos como Asia, el mundo árabe o América Latina; la externalización de partes del proceso productivo y el uso abusivo de subcontratas, o la terciarización de la economía, han sido algunos de estos cambios.

A pesar de esa importante bajada de la afiliación, en los últimos años se ha llegado a una serie de acuerdos entre sindicatos, patronal y gobierno, que han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores (reforma laboral, subidas del salario mínimo, mantenimiento del poder adquisitivo para los pensionistas…). Y lo que es más importante es que esos acuerdos afectan a la totalidad de los trabajadores, independientemente de su afilliación.

En cualquier caso, los sindicatos aglutinan a casi dos millones y medio de trabajadores, y por tanto continúan siendo las organizaciones más grandes en las que se encuadra la clase obrera, y un 80% de los trabajadores pueden participar en elecciones sindicales democráticas. El sector industrial y el funcionarial sigue teniendo una afiliación muy masiva, y en el resto de sectores son de todos modos la agrupación de trabajadoras y trabajadores más relevante.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Los sindicatos tienen una larga historia de más de 200 años. En este tiempo han sido imprescindibles para conseguir mejoras para los trabajadores que hoy nos parece que llevan ahí toda la vida: regulación del trabajo infantil, jornada de cuarenta horas, descanso dominical, vacaciones pagadas, derecho al cobro por desempleo, pensión de jubilación o de enfermedad, baja laboral en caso de accidente o enfermedad… y un largo etcétera. Generalmente esas conquistas no han sido gratuitas y han costado huelgas, despidos o cárcel. Muchas de esas mejoras ya son imposibles de quitar, pero aun quedan muchas otras que habrá que seguir peleando a través de la lucha sindical.

El derecho a afiliarse a un sindicato de forma libre y voluntaria, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución y las leyes que la desarrollan. Por tanto es un derecho que no puede ser abolido por ningún gobierno, a pesar de los continuos ataques que sufre el sindicalismo por parte de los grupos de derechas y una parte de los empresarios.

Por último tienen un papel fundamental a la hora de negociar los convenios y acuerdos laborales, lo que sería imposibles si la única interlocución fuera entre el trabajador, de forma individual, y el empresario.

A pesar de las sombras, que también las ha tenido, siguen siendo las organizaciones que aglutinan a más trabajadores. Una elevada tasa de afiliación permite a los sindicatos negociar con más fuerza. Por el contrario, el desprestigio de los sindicatos sólo favorece a la derecha, que representa los intereses de grupos, que no son precisamente los trabajadores y a esa parte de los empresarios a los que no importa reducir derechos y sueldos, con tal de aumentar sus beneficios.