POR QUÉ ES NECESARIO EL INGRESO MÍNIMO VITAL

En las redes sociales se han visto los últimos meses muchos mensajes y discusiones dedicadas al Ingreso Mínimo Vital. También los partidos políticos participaron en el debate, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Unos tachaban la propuesta como irrealizable por el excesivo coste de la misma, otros la despreciaron tildándola de “paguita” y otros manifestaron que ya se venía aplicando en las comunidades autónomas. La propuesta de creación de este prestación venía incluida en los acuerdos entre Podemos e Izquierda Unida para presentarse juntos a las elecciones como Unidas Podemos, así como en el programa de gobierno acordado con el PSOE (punto 2.4.2: Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social). Desde el mes de junio de este año, los ciudadanos residentes en España, desde al menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, pueden tener acceso a “una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica” y que se conoce como Ingreso Mínimo Vital.

El Boletín Oficial del Estado publicó el día uno de junio el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, que se puede consultar aquí: 

Finalmente, el diez de junio el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto sin ningún voto en contra, ya que a pesar de las críticas que habían expresado los diputados populares, finalmente votaron a favor y los de VOX se abstuvieron.

En esta entrada pretendo explicar brevemente cuáles son los antecedentes históricos y en qué consiste el Ingreso Mínimo Vital, qué países europeos lo están aplicando y algunas razones por las que considero que es necesaria esta prestación.

Origen del concepto

Aunque parezca una aportación social nueva y que algunos la liguen a las consecuencias económicas de la Covid-19, lo cierto es que ya hace más de quinientos años que se vienen proponiendo medidas similares que garanticen unos ingresos para aquellas personas que no dispongan de los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas. El político, humanista y santo inglés Tomas Moro, autor del libro Utopía publicado en 1516, proponía que para evitar los robos que se estaban produciendo en el campo, debido a los cambios políticos que acabaron desposeyendo de sus tierras a parte de la población, se entregara a esta población desposeída alguna aportación para solventar sus necesidades. El valenciano Juan Luís Vives en su obra Tratado del socorro de los pobres, publicada en 1525, proponía la gestión pública de las limosnas para repartirlas a las personas que necesitaran una aportación económica para atender sus necesidades. Ya en fechas más recientes, el socialista utópico francés Charles Fourier (1772-1837), propuso la creación de unas comunidades de producción y consumo, a las que denominó falansterios, basadas en el trabajo cooperativo, en igualdad de derechos entre hombres, mujeres y niños, de modo que los beneficios obtenidos sería repartidos entre los miembros de la comunidad, garantizando a cada persona un mínimo para atender su subsistencia. En la actualidad, el principal teórico del derecho a la renta básica es el filósofo y economista belga Philippe Van Parijs. Es uno de los fundadores de la Red Global de Renta Básica, red de académicos y activistas interesados en la idea de una renta básica, un ingreso mínimo basado únicamente en el hecho de ser ciudadano y no relacionado con la caridad ni el trabajo. Últimamente ha propuesto que la Unión Europea pague a cada europeo un eurodividendo, de modo que cada ciudadano recibiría 200 euros al mes, ajustable según el coste de la vida en cada Estado, y que se financiaría con el IVA.

¿Qué es lo que ha aprobado el gobierno?

El principal objetivo del ingreso mínimo vital es la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza. Aunque hay quien ha confundido los términos, el ingreso mínimo no es lo mismo que la renta básica universal. El ingreso mínimo vital, que es la prestación impulsada por el Gobierno, se destina a las personas más vulnerables, mientras que la renta básica se dirige a todos los ciudadanos de un país, sin ninguna condición previa ni contraprestación a cambio. Finlandia ha aplicado la renta básica universal de forma experimental durante dos años a grupos de población y está analizando las conclusiones. También en otros países como Canadá, Kenia o la India la están experimentando.

El artículo segundo del Decreto-Ley define claramente qué es el ingreso mínimo vital: “(…) el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (…) se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”.

Su duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica. Para tener acceso a la prestación los solicitantes deberán tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud y deberán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia, con los límites que se establecerá reglamentariamente.

Para el ejercicio 2020 el Ingreso Mínimo vital que puede percibir una persona sola es de 462 euros mensuales, pudiendo llegar a 1.015 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres o más menores.

El Ingreso Mínimo Vital en Europa

La mayoría de los países cuentan con programas destinados a la lucha contra la pobreza y para garantizar la inclusión social. Muchos de esos programas llevan funcionando desde hace décadas.

Alemania: el importe mínimo es de unos 430 euros. Para una familia de cuatro miembros puede llegar a cerca de los 1.200 euros. El programa fue aprobado en 2005. También tiene programas para subvencionar los gastos de alojamiento y calefacción. Lo pueden cobrar residentes que hayan trabajado en el país.

Austria: La renta de recursos mínimos se concede a familias cuyos ingresos no alcancen un determinado nivel. Los importes mínimos los establecen los Länder y pueden llegar a 1.426 euros.

Bélgica: Tiene desde 2002 el Ingreso de Integración Social. El importe para una familia de cuatro miembros puede rondar los 1.410 euros mensuales.

Dinamarca: Para poder recibir la prestación es necesario haber residido en Dinamarca durante siete de los últimos ocho años. La cuantía varía entre 476 y 2.035 euros mensuales.

Finlandia: Se pueden percibir entre 400 y 1.250 euros. El programa no depende de la nacionalidad o residencia.

Francia: La Renta de Solidaridad Activa, vigente desde 2009, pueden solicitarla personas mayores de 18 años con nacionalidad francesa o extranjeros con permiso de residencia. El importe varía entre 550 y 1.050 euros al mes.

Grecia: Establece como requisito la búsqueda activa de empleo durante el tiempo que se cobre el subsidio. La ayuda oscila entre 250 y 500 euros.

Italia: El programa en Italia tiene una duración máxima de 18 meses y su importe va desde los 500 a los 900 euros.

Luxemburgo: Es el que más paga ya que la renta va desde 1.000 a 2.000 euros. Es requisito indispensable haber residido en el país durante al menos cinco años.

Países Bajos: Vinculan su ingreso mínimo vital al salario mínimo, actualmente de 1.635,6 euros, y pueden optar a él las personas mayores de 18 años que residan legalmente en el país. En vigor desde 2015.

Polonia: La renta puede alcanzar 557 euros para una familia de cuatro miembros. Es necesario estar en búsqueda activa de empleo.

Portugal: la cuantía es de 300 euros. Es necesario tener un año de residencia en el país. La prestación tiene una duración máxima de 12 meses.

Reino Unido: Existe el llamado Crédito Universal que incluye seis prestaciones distintas. La cuantía a percibir para una familia de cuatro miembros es de 1.176 euros mensuales.

República Checa: La ayuda se sitúa entre 200 euros para una persona sola y 500 para una familia de cuatro miembros.

Programas parecidos existen en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, aunque con muchas restricciones.

Por qué es necesario el Ingreso Mínimo Vital

En la actualidad vivimos la gran paradoja de que nunca el mundo ha sido capaz de producir tanta riqueza y al mismo tiempo la pobreza está creciendo, y no sólo en los países tradicionalmente considerados pobres, sino en el corazón mismo de los países ricos. Y eso no es debido a una catástrofe accidental, sino que es parte de la dinámica normal del sistema. Diversos organismos internacionales alertan que España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual.

El elevado número de desempleados se ha convertido en una situación permanente. A esto hay que añadir la enorme pérdida de empleo que se produjo como consecuencia de las crisis económica de 2008, a la que en la actualidad hay que sumar la que está teniendo lugar por las graves consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19. Ante esta situación se plantean dos posibles soluciones: reparto del empleo o reparto de la renta. El problema es que hay muy pocos empleos vacantes. De hecho España está a la cola en el ránking de toda la Unión Europea. Por tanto no queda otra alternativa para reducir la tasa de pobreza y proteger a los más vulnerables, que alguna fórmula de reparto de la renta. Como hemos visto, desde hace tiempo vienen funcionando en muchos estados de la Unión Europea programas que garanticen unos ingresos mínimos a sus ciudadanos, lo que supone una forma de reparto de rentas. Las autoridades europeas llevaban desde 2014 exigiendo a España que implantara esta medida, pues éramos el único país de la Eurozona que no tenía una prestación de carácter estatal. Las Comunidades Autónomas han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección.

Pero no solo es necesario implantar el Ingreso Mínimo Vital por ser un deber ético y una medida de justicia social, sino que también puede ser una herramienta para recuperar la economía después de la pandemia, ya que estas prestaciones van a ser utilizadas en su mayoría para el consumo, aumentando las ventas de empresas y autónomos que ofrecen los servicios y productos que necesitan, y por tanto revitalizando la economía.

Situación actual

Diversos medios de comunicación están alertando de que a mediados de agosto el Ingresos Mínimo Vital estaba llegando a muy pocas personas de las que lo habían solicitado. Concretamente lo estaban cobrando 74.119 familias de un total de 750.000 solicitudes, lo que supone un porcentaje muy reducido. Las razones que justifican esta tardanza son varias. Una de ellas es la complejidad de la solicitud y los documentos justificativos que deben acompañar. Esa complejidad burocrática supone que los organismos del Estado encargados de comprobar la veracidad de los datos aportados deban dedicar mucho tiempo y personal para poder resolver la solicitud. A esto hay que añadir que en los últimos 10 años el Instituto de la Seguridad Social ha perdido el 21% de la plantilla por culpa de las medidas aprobadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, por lo que aunque se han tomado medidas para reforzar las plantillas, el número de empleados dedicados a cotejar la documentación sigue siendo insuficiente.

A la vista de esos importantes retrasos, se podría modificar la convocatoria de la prestación, mejorando los aspectos más lesivos como la complejidad de la documentación que hay que presentar y comprobar o haciendo efectiva la prestación a todo el que la solicite, con el compromiso de devolución de lo cobrado indebidamente, si una vez revisada la documentación se comprueba que no le pertenece. Y por supuesto habrá que dedicar más recursos y personal para acelerar la valoración de las solicitudes.

Conclusiones

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación necesaria para disminuir la enorme desigualdad entre las rentas que perciben los españoles e intentar evitar las situaciones de pobreza, que acaban produciendo marginalidad y exclusión social. Como hemos visto ni es una invención actual, ni somos pioneros en aplicar esta prestación, más bien al contrario, vamos con bastante retraso en comparación con los países de nuestro entorno. El coste de su aplicación puede ser compensado con el aumento de la actividad económica y, en cualquier caso, es un coste necesario que la sociedad tiene que asumir para evitar el aumento de la pobreza y la marginalidad.

En la actual convocatoria no todo son ventajas. Ya hemos visto la dificultad que supone la complejidad de la solicitud así como sus altos costes de gestión, ya que requieren mucha burocracia para controlar a los beneficiarios. Otra desventaja es que sólo pueden solicitarla personas mayores de 23 años (a no ser que tengan menores a su cargo), lo que deja fuera a muchas personas de menos de 23 años que podrían necesitarla. La cuantía de la prestación, en el caso de una persona sola, puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Pero aunque haya muchas cosas que se deben mejorar, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital es una necesidad que, sin ser la panacea que evite la desigualdad, puede ayudar a disminuir la pobreza y la exclusión social.

No obstante la situación de desigualdad entre las familias es un mal ligado a la esencia del propio sistema y si bien el Ingreso Mínimo Vital puede aliviar la situación de muchas personas, esto no será la solución definitiva para evitar la pobreza y la exclusión social ni seguramente llegará a todas las personas que lo necesiten, por lo que considero que, en un futuro no muy lejano, habrá que dar un paso más y establecer una renta básica universal.