CÓMO COMBATIR LA DESINFORMACIÓN

El Presidente de gobierno español, se ha tomado unos días de reflexión para decidir si vale la pena continuar ejerciendo sus funciones políticas o abandonarlas. La causa inmediata de esta insólita decisión ha sido la imputación realizada por el pseudo sindicato de extrema derecha “Manos Limpias” contra la mujer del Presidente, acusándola de tráfico de influencias. La denuncia se basa en noticias aparecidas en medios de comunicación digitales, sin incluir ningún tipo de indicio y aun reconociendo que algunas de estas noticias pueden ser falsas. A pesar de la poca consistencia de los indicios aportados, un juez ha admitido a trámite la denuncia. 

Pasados los días de reflexión, Pedro Sánchez finalmente ha anunciado que no dimite y que asume el "compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia". Para esa regeneración se refiere a la renovación del poder judicial y el control de los medios de comunicación que difunden bulos. En su discurso en TVE en el que anunció que no iba a dimitir afirmó que “confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática”. 

Eso ha abierto un debate en la sociedad sobre hasta qué punto los gobiernos pueden controlar la libertad de información sin afectar al derecho constitucional a la libertad de expresión. 

Por una parte se hace imprescindible defender la libertad de expresión, pero también lo es eliminar los discursos de odio y de mentiras, así como defender el derecho a recibir información veraz, tal y como recoge nuestra Constitución. Para eso hay quien defiende la creación de organismos que vigilen que lo que se publica responda a una información veraz y, en caso contrario, sea suprimida. El problema está en quién decide qué es información veraz y qué es una información falsa. Es fácil caer en la tentación de poner el límite de la libertad de expresión en todo aquello que critique lo que defiende quien establece los límites, por lo que sería bastante peligroso que sean los gobiernos los que establezcan los límites. La Unión Europea ya abordó este tema, crucial para la democracia. A finales de 2017 la Comisión creó un grupo de expertos de alto nivel encargado de asesorar sobre este asunto. Este grupo presentó su informe que se hizo público en abril de 2018. En la comunicación se define la desinformación como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE”. Asimismo, considera que la autorregulación puede contribuir a estos esfuerzos, siempre y cuando se implemente de forma eficaz y se supervise. En cualquier caso propone que las medidas que se tomen para luchar contra la desinformación y defender una información veraz y de calidad “deben respetar estrictamente la libertad de expresión e incluir controles preventivos que eviten su uso indebido, por ejemplo, la censura de contenidos críticos, satíricos, discrepantes o escandalosos”. En el mes de septiembre se aprobó un código de buenas prácticas que concretaba los principios esbozados en el informe de abril, abierto a su firma por plataformas de información en línea. En octubre de 2018, Facebook, Google, Twitter y Mozilla, así como asociaciones comerciales que representan a las plataformas en línea, el sector de la publicidad y los anunciantes firmaron el Código de Buenas Prácticas como instrumento autorregulatorio para combatir la desinformación. Microsoft se adhirió al Código en 2019.

Por tanto tenemos dos vías alternativas. O bien la creación de organismos que supriman los mensajes que supongan desinformación, con el riesgo de que esos organismos acaben coartando el derecho a la libertad de expresión o la propuesta de la Unión Europea que lo fía todo a la autorregulación de las plataformas. Una tercera opción, que cada vez tiene más presencia, la representan las organizaciones independientes de verificación de datos. Su función consiste en comprobar la veracidad o falsedad de los datos que se difunden en los medios de comunicación, redes sociales o plataformas de mensajería y en caso de que verifiquen que se trata desinformación, lo hacen público para que sean los usuarios los que decidan qué hacer con esos mensajes. En España actúan Maldita.es, Newtral, Efe Verifica y Verifica RTVE. 

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información tiene, como todos los derechos, el límite de no coartar los derechos de los demás. La Constitución española consagra en su artículo 20 el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Por consiguiente no ampara la publicación de mentiras y falsedades, por mucho que se vistan con anglicismos como fake news o términos como posverdad. Al contrario, la desinformación menoscaba la libertad de expresión. El sistema judicial debe aplicar la ley y sancionar a las personas o entidades que publiquen escritos o mensajes que atenten contra la integridad moral o el derecho al honor de las personas o pongan en riesgo la convivencia. 

Los medios de comunicación son pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Hay que respetar y defender la prensa que informa y denuncia de forma veraz y objetiva. Pero sería ingenuo pensar que todos los periodistas gozan de libertad total para publicar lo que quieran. En muchas ocasiones los medios tienen una línea editorial, impuesta por los dueños del medio, a la que deben ajustarse los que publican en los mismos. La manipulación informativa se hace publicando noticias falsas, pero también omitiendo determinados hechos o resaltando de forma exagerada otros.

Internet ha supuesto un importante paso hacia la democratización de la información y la comunicación. Pero también es una poderosa arma de desinformación y manipulación en manos de gobiernos, partidos y grupos de poder. Por tanto, bajo la excusa de la libertad de expresión y de información, se pone en peligro una de las bases de la democracia, como es la opinión informada y fundamentada de los ciudadanos.

Ante el dilema entre respetar el derecho de expresión y de información o permitir la desinformación y la manipulación, amparándose en ese derecho, la mejor receta es el fomento de la educación y de la alfabetización mediática, para que las personas sepan discernir las noticias verdaderas de las falsas y se informen antes de difundir mensajes que reciben en las redes sociales. Esa educación puede hacer que se fortalezcan los medios que practican una política informativa basada en la verdad y la objetividad y que dejen de tener seguidores los que se escudan en el derecho a la libertad de expresión, para manipular y menoscabar el sistema democrático.