ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS vs ESTADO FEDERAL (y 3)

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

 

La Constitución de 1978:

Uno de los temas que durante más tiempo y en más intensos debates ocuparon a los ponentes encargados de redactar la Constitución de 1978, fue el de la organización territorial de España. Como se ha visto por las entradas anteriores, los precedentes eran complejos, el problema se había abordado de muy diversas maneras a lo largo de la historia y, por tanto, las posturas eran diversas y encontradas. Finalmente, en el artículo segundo se estableció que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas". El Título VIII, relativo a la organización territorial del Estado, señala en su artículo 143 que “las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas”. Según manifestaciones de los ponentes, tanto el artículo segundo como el Título VIII fueron objeto de grandes discusiones y la diversidad de planteamientos que existía ante el tema autonómico, explica las deficiencias e indefiniciones que contienen. Según Pere Ysàs “el Estado de las Autonomías tal y como finalmente quedó configurado en el texto constitucional fue fruto, esencialmente aunque no exclusivamente, de los planteamientos de la izquierda y de los grupos nacionalistas, aceptados como inevitables pero a regañadientes por una parte del propio partido gubernamental y rechazados frontalmente por la derecha conservadora”.

Los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, fueron refrendados en octubre de 1979 y el gallego en 1980. Algunos dirigentes políticos propusieron limitar, al menos temporalmente, el proceso autonómico a las llamadas comunidades históricas. Pero el acuerdo político fue reconducir el proceso para las demás regiones por la vía lenta a la autonomía que establecía el artículo 143. En Andalucía, la mayoría de fuerzas políticas decidieron promover la utilización de la vía del artículo 151 que la equiparaba a las comunidades históricas, lo que implicaba la realización de un referéndum para aprobar la iniciativa. El referéndum se celebró el 28 de febrero de 1980 y Andalucía obtuvo un Estatuto con instituciones del máximo rango y con plenas competencias, como se contemplaba para Cataluña, País Vasco y Galicia.

Algunas conclusiones:

La organización territorial de España ha sufrido profundas modificaciones a lo largo de la historia. De las provincias de la Hispania romana y visigoda se pasó a Al-Ándalus y a los Reinos de Taifa. Los reinos cristianos del medievo dieron origen a “las Españas” de los Austrias. Frente a esa diversidad administrativa, surge el intento centralizador de los borbones y esto se vio reforzado durante el liberalismo decimonónico. El debate entre republicanos federalistas y unionistas hizo fracasar la I República. La pujanza de los nacionalismos, especialmente el vasco y el catalán, hace que durante los primeros años del siglo XX se creen algunos órganos descentralizadores; esto fue radicalmente cortado durante la Dictadura de Primo de Rivera y su defensa a ultranza del nacionalismo españolista. La Segunda República recoge las ansias autonomistas de algunos territorios, se aprueban los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades y se comienza la elaboración de otros. La Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco supone una vuelta al centralismo y al nacionalismo españolista, cercenando cualquier reivindicación identitaria, incluyendo la lengua y la cultura. La lucha contra el franquismo incluye las reivindicaciones autonomistas. Finalmente, el Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978, supone un acuerdo de compromiso entre dos visiones antagónicas de España: la centralista y la federal. Por tanto, la actual ordenación del territorio es una más de las muchas que se han dado a lo largo de la historia y no tiene por qué ser la definitiva.

Después de cuarenta años de funcionamiento de lo que venimos llamando Estado de las Autonomías, se han agudizado una serie de disfunciones. Una de sus consecuencias más graves está siendo la exacerbación de los nacionalismos, tanto catalán como españolista. Algunos de los principales problemas en los que parecen coincidir tanto el mundo académico como la prensa y los partidos políticos, son los siguientes:

- Una evidente descoordinación entre la actuación política del gobierno central y la de las autonomías, con la consiguiente falta de eficacia, la duplicidad de órganos y competencias así como el coste económico que esta descoordinación produce.

- El actual sistema de financiación autonómica, en el que conviven el sistema de conciertos económicos con el de financiación a través de la hacienda estatal, además de la discriminación que supone, deja en manos del gobierno de la nación la posibilidad de premiar o castigar a las comunidades a través de la financiación.

- La ley electoral, que prima a los partidos que concentran sus votos en una parte del territorio como ocurre con los partidos nacionalistas, tiene como consecuencia una sobrerrepresentación de esos partidos, utilizada a veces por los partidos mayoritarios para sumar sus votos, generalmente a cambio de concesiones económicas.

- Por último, pero no menos importante, la inutilidad del Senado que no cumple con el papel de cámara territorial, como corresponde a un Estado descentralizado, como es el caso español.

Ante esta situación, cada vez son más las voces que defienden una reforma de la Constitución que dé paso a un Estado Federal, que garantice un real autogobierno de los estados federados, que establezca un mecanismo de solidaridad interregional para hacer efectiva la igualdad entre todos los españoles y que tenga como objetivo fundamental garantizar los derechos sociales.

Fuentes utilizadas:

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