A DIEZ AÑOS DEL COMIENZO DE LA CRISIS





La quiebra el 15 de septiembre de 2008 de la compañía Lehman Brothers se considera como la fecha simbólica del comienzo de una de las mayores crisis económicas del mundo capitalista, comparable al crac de 1929. Estos diez años de crisis han supuesto un grave deterioro de las condiciones de vida de millones de personas. Las políticas de austeridad que han impuesto los distintos gobiernos, no sólo no han servido para resolver la crisis sino que han supuesto la pérdida de derechos de los trabajadores mientas se enriquecían las élites financieras, que siguen moviendo los hilos del poder.
Algunas de las consecuencias que más han perjudicado a la clase trabajadora permanecen todavía y no se ven síntomas de que vayan a desaparecer en el corto plazo. Tampoco se están reduciendo las enormes desigualdades que ha provocado la crisis. Muchos economistas consideran que más que una crisis económica ha sido una estafa intelectual y ciudadana para beneficiar a los grandes poderes económicos.
En este artículo pretendo analizar algunos elementos del origen de la crisis, las medidas que se han tomado para intentar resolverla y las principales consecuencias de la misma. Después de diez años de crisis estafa, parece el momento adecuado para reflexionar sobre las causas de la misma, de modo que estemos atentos a la actuación de los gobiernos, la banca y los grupos financieros para que una crisis como esta no se repita y podamos recuperar el control de nuestro futuro, que actualmente está en manos de los grandes bancos y de los grupos financieros.

El origen de la crisis
Aunque el comienzo se hace coincidir con la caída de la compañía norteamericana Lehman Brothers, los factores que finalmente cristalizaron en la crisis son bastante anteriores.
En la década de los ochenta del pasado siglo, coincidiendo con los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, se produjo un auge del neoliberalismo, cuyas consecuencias más inmediatas fueron la privatización de servicios públicos y la desregulación de los mercados financieros. Los gobiernos renunciaron al control de los grandes bancos.
Para aumentar sus beneficios con los intereses de las hipotecas, los bancos animaron a las familias para adquirir una vivienda, sin tener en cuenta sus posibilidades de endeudamiento. La facilidad para adquirir préstamos produjo un aumento sin precedentes en la construcción de casas. Muchos trabajadores hipotecaron su vida para adquirir una vivienda a un elevado precio, mediante una hipoteca a largo plazo, para cuyo pago debían dedicar la mayor parte de sus ingresos. Por otra parte las personas que tenían liquidez suficiente adquirieron viviendas para revenderlas al poco tiempo a un precio considerablemente mayor, obteniendo así rápidos y grandes beneficios. Se inició un proceso especulativo en el mercado inmobiliario de modo que el precio de las viviendas no dejaba de subir, alentado por la facilidad para obtener crédito. En 2005 se alcanzó el pico en el otorgamiento de hipotecas y en la tasa de crecimiento del precio de las casas.
La sobreproducción de viviendas frenó esa subida. Al dejar de crecer el precio, dejó de ser rentable comprar para especular, por lo que se contrajo la demanda de viviendas. Se subieron los tipos de interés y muchas familias no pudieron hacer frente a sus deudas. El sector inmobiliario y de construcción entró en recesión desde el verano de 2007. Había explotado la burbuja inmobiliaria.
Al mismo tiempo, muchos bancos comerciales se convirtieron en bancos de inversión. Se pasó de un capitalismo industrial a uno financiero. Crearon paquetes financieros cuyo único objetivo era conseguir grandes beneficios, lo más rápidamente posible, especulando en los mercados financieros. Muchos de estos derivados financieros tenían como respaldo único el pago de las hipotecas. La existencia de un mercado hipotecario subprime (término con el que Wall Street etiquetó a las hipotecas basura, las que era muy difícil cobrar) incrementaba los riesgos. Los inversores revendieron esos paquetes financieros, especulando con un valor que sólo estaba respaldado por unas hipotecas, que en muchas ocasiones no se podrían cobrar.
Uno de estos bancos de inversión, el británico Northern Rock, había adquirido muchos de estos paquetes. Al no poder cobrar las hipotecas que eran su respaldo, en septiembre de 2007 se declaró en quiebra y fue nacionalizado por el gobierno británico. El 15 de septiembre de 2008 quebró el banco Lehman Brothers, causando el pánico en los principales centros financieros. Los bancos dejaron de realizarse transferencias financieras entre ellos, por lo que se redujo el crédito. Con la quiebra, se internacionalizó la crisis, ya que los paquetes financieros los adquirieron bancos e inversores de muchos estados. Fue el inicio oficial de la crisis.

Las reacciones
Confiados en el dogma neoliberal de que el mercado es capaz de autoregularse, prácticamente nadie predijo esta crisis. Las agencias calificadoras daban una alta puntuación de fiabilidad a grandes bancos que al poco tiempo quebrarían. En 2008 se celebraron elecciones en España y los dos grandes partidos, PP y PSOE, lejos de prever lo que se venía encima, afirmaban en sus programas electorales que España se encaminaba hacia pleno empleo. Tampoco los líderes políticos europeos previeron la crisis.
Una vez producida la crisis, los gobiernos inyectaron grandes cantidades de dinero a los principales bancos para recomprar deudas incobrables. El Congreso de los Estados Unidos autorizó al Departamento del Tesoro a utilizar 700.000 millones de dólares. Por su parte los gobiernos de la Unión Europea movilizaron 4.500.000 millones de euros para sostener el sistema bancario. Para evitar una cadena de quiebras, los bancos centrales prestaron a los bancos a gran escala y sin condiciones. Tan sólo en España se destinaron 54.353 millones de euros de dinero público para rescatar a 14 entidades financieras. En la zona euro se produjo un fuerte aumento de la deuda pública. Los grandes bancos, que habían recibido préstamos en inmejorables condiciones, utilizaron esos recursos para especular con la deuda de los países más endeudados. Algunos de los países llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) recibieron grandes cantidades de dinero, de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, a cambio de programas de austeridad que acabaron aumentando la pobreza y el desempleo de sus ciudadanos, ya que la mayor parte del dinero recibido se destinó a rescatar los bancos.
Para evitar el aumento de la deuda pública, la Unión Europea comenzó a controlar la elaboración del presupuesto anual de los estados miembros, como estamos viendo hoy en ellos casos de Italia y España, pudiendo llegar a imponer sanciones económicas a los países que no adopten las medidas adecuadas. Con el Pacto Presupuestario Europeo, aprobado en 2013, se pretende obligar a los Estados de la zona euro a financiar sus gastos con sus ingresos, limitando así el recurso a préstamos.
Como consecuencia se han impuesto drásticas políticas de austeridad para limitar el gasto público. El objetivo fundamental de esas medidas era reducir la capacidad de consumo a través del aumento de impuestos, la congelación e incluso bajada de salarios y pensiones, el aumento de la edad de jubilación, la pérdida de derechos laborales o la reducción de los préstamos. Esas medidas se ha incluido en los Tratados europeos obligando así a su cumplimiento a los estados miembros.

Las consecuencias de diez años de crisis
En estos diez años hemos visto como se reducían los sueldos y las pensiones, se producían recortes en sanidad, educación o dependencia; se privatizaban muchos de estos servicios básicos; a diario se producían desahucios de su vivienda de personas que no podían hacer frente al pago de su hipoteca porque habían perdido su trabajo o, incluso teniéndolo, el rebajado sueldo no les permitía pagar el recibo mensual. Por contra también ha habido una ola de solidaridad y toma de conciencia que ha sido capaz de frenar miles de desahucios, que reclama una educación pública y de calidad o una sanidad con más recursos para reducir las insoportables listas de espera. Pero esta crisis, que muchos llamamos estafa, no ha terminado y muchas de sus consecuencias las seguimos sufriendo hoy día. Veamos cuáles han sido algunas de esas consecuencias.
Debido a la falta de crédito se produjo una recesión económica mundial con un gran aumento del desempleo. Al no poder hacer frente al pago de las hipotecas muchos ciudadanos han perdido su vivienda y los trabajadores han perdido poder adquisitivo.
Los gobiernos han aplicado reformas que afectan a la disminución del gasto social y la desregulación del mercado laboral. Las políticas de austeridad han tenido resultados catastróficos, cuyas principales consecuencias han sido la precarización laboral y el empobrecimiento.
Además esas medidas ha sido económicamente ineficientes, debilitando los servicios públicos y aumentando las desigualdades. En Grecia, el país que con más fuerza ha sufrido los efectos de la crisis y de las medidas impuestas por la Unión Europea, la deuda pública ha pasado de 135% del PIB al 180%, el paro del 10% al 20% y las entidades financieras alemanas se han embolsado 3.000 millones de euros en concepto de intereses sobre préstamos realizados a ese país.
La crisis financiera ha reforzado las desigualdades al aplicar el principio de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Según el último informe de Oxfam el 82% de la riqueza generada en 2017 benefició al 1% más rico de la población mundial, mientras que los 3.700 millones de personas que constituyen la mitad más pobre del planeta no vieron nada de esa riqueza generada. Ese mismo año de 2017, el número de multimillonarios vio su mayor aumento en la historia, con un nuevo multimillonario cada dos días.
En la Unión Europea de sus 502 millones de habitantes, en 2016 estaban en riesgo de pobreza o exclusión social 117,5 millones, es decir, el 23,4%. En España esa situación afectaba al 27,9%. Por contra, de los 200 españoles que en 2006 se declaraban ultraricos, personas que declaraban patrimonios superiores a 30 millones de euros, ese número había aumentado en 2016 a 579.
También en nuestro país, el año 2002 la mitad de los hogares españoles más ricos tenían un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad de los hogares más pobres. En la actualidad la diferencia es 12 veces mayor. El 44% de las horas extra trabajadas en el segundo trimestre de 2018 no se pagaron ni se compensaron con tiempo libre mientras el 34% de población ocupada cobra menos que el salario mínimo, el doble de las que lo cobraban en 1994 y el salario medio de los jóvenes españoles entre 16 y 24 años ha bajado el 8,6% entre 2011 y 2016. El 28,3% de los jóvenes se encuentra en situación de paro. Y de los que están trabajando el 82,68% de los contratos se hizo bajo las modalidades de eventual por circunstancias de la producción y obra o servicio. Más del 55% de los contratos temporales fue inferior a tres meses. Como consecuencia de esa precariedad laboral sólo uno de cada cinco jóvenes menores de 29 años ha podido emanciparse desde el punto de vista residencial y desde que empezó la crisis el número de jóvenes que ha emigrado al extranjero ha aumentado un 41%. Aunque muchas de esas desigualdades y ataques materiales a la clase trabajadora no son consecuencia directa de la crisis, lo que sí es cierto es que esta las ha agravado.
Otra consecuencia de esas políticas de empobrecimiento es que han provocado un nuevo despertar de los nacionalismos, frente a unas instituciones europeas incapaces de frenar los efectos más negativos de la crisis y al mismo tiempo una peligrosa deriva hacia el autoritarismo y la aparición de grupos de extrema derecha.

Situación actual

A pesar de los grandes sacrificios, por las medidas impuestas para salir de la crisis, que han tenido que realizar los ciudadanos, a día de hoy los problemas siguen sin resolverse. Los grandes bancos siguen si ser un estímulo para la economía, los gobiernos no han realizado las reformas necesarias y las reformas financieras no han abordado las causas de la crisis.
Así podemos ver como los bancos dedican cada vez menos menos inversión a financiar el sector productivos y en cambio aumentan las inversiones en actividades de especulación financiera.
El lobby bancario ha aumentado su influencia en las instituciones políticas y, como hemos visto recientemente en España, incluso en el poder judicial. Las puertas giratorias entre la política y las instituciones financieras están influyendo de forma decisiva en las políticas de los gobiernos a favor de los intereses financieros.
Los escándalos financieros para evitar pagar impuestos están a la orden del día. El fraude y la evasión fiscal han adquirido proporciones desmesuradas en todo el mundo.
El impacto de la crisis en la economía española ha sido peor al que ha tenido en los países de nuestro entorno. Ha sido el país en donde se destruyó más empleo y donde más ha aumentado la deuda pública. De los 54.353 millones de dinero público destinado a rescatar 14 entidades financieras españolas desde 2009, El Banco de España considera perdidos unos 42.621 millones de euros. También ha sido donde más ha aumentado la desigualdad. Aunque los momentos más críticos han pasado, no se han resuelto los problemas que causó la crisis. El consumo privado se ha ralentizado, el ahorro se encuentra en mínimos históricos y la inversión no alcanza los niveles anteriores a la crisis. Nuestro nivel de deuda pública es elevadísimo. Es verdad que se están creando puestos de trabajo pero la tasa de temporalidad es la más alta de Europa y el salario anual de los jóvenes menores de 26 años que entran al mercado laboral es un tercio inferior al que hubiesen percibido en 2008.

Conclusiones
La crisis que comenzó hace ahora diez años no fue una crisis económica cíclica de las que de forma periódica afectan al capitalismo. En esta ocasión ha sido una crisis del sistema, que ha mudado de un capitalismo industrial basado en los beneficios obtenidos de la industria a un capitalismo financiero que se basa en la especulación en los mercados financieros.
Las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no han servido para sacarnos de la crisis. De hecho han agravado sus consecuencias y han conducido a una situación de desregulación de los mercados financieros, privatización de servicios públicos, precariedad laboral, bajada de salarios y pérdida de derechos.
A pesar de las declaraciones de los gobiernos que pretenden hacernos creer que hemos salido de la crisis, lo cierto es que sus efectos más negativos permanecen y las causas que la originaron continúan presentes, ya que los bancos y los mercados financieros siguen sin ser regulados por los gobiernos y la economía financiera especulativa puede provocar una nueva crisis que ahonde aun más las diferencias y el empobrecimiento de capas cada vez mayores de la población.
Por último podemos afirmar que esta crisis ha sido en realidad una gran estafa de los bancos y sectores financieros que en su afán desmesurado por obtener beneficios no han dudado en engañar. Pero también han estafado los analistas económicos y los gobiernos y partidos políticos que no han querido controlar a los grandes bancos y grupos financieros, en muchos casos porque las mismas personas actuaban unas veces como ejecutivos de estos grupos y otras veces como dirigentes políticos.
El décimo aniversario del comienzo de esta crisis debe ser un momento para reflexionar sobre cómo hemos llegado a ella y lo erróneo de las políticas aplicadas para sacarnos de la misma. Si no actuamos en defensa de nuestros propios intereses frente a la voracidad de bancos e inversores y la incapacidad de las políticas neoliberales, estamos condenados a que se repitan nuevas crisis.

Fuentes

Los datos utilizados en esta entrada los he obtenido de la amplia literatura que a lo largo de esta década se ha publicado en forma de artículos tanto en la prensa especializada como en la de carácter general. Especialmente he utilizado la obra Diez años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas, publicada por ATTAC este mismo año y que se puede consultar en la dirección <https://www.attac.es/uploads/10_anos_de_crisis.pdf>

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