CÓMO FUE LA LEGALIZACIÓN DEL PCE (I)
El 9 de abril se cumplieron cuarenta y dos años de la legalización del Partido Comunista de España. El proceso de cambio democrático iniciado tras la muerte del general Francisco Franco y que pretendía poner fin a la larga dictadura, iniciada tras la sublevación militar de julio de 1936, tenía como hito imprescindible para dotarlo de legitimidad dicha legalización. Para los partidarios del régimen instaurado por Franco, el Partido Comunista suponía la encarnación de todos los males de España. Desde la Guerra Civil, Franco acusó al PCE de pretender poner a España al servicio de la Unión Soviética. Durante la dictadura, los comunistas encabezaron la oposición al franquismo llevada desde el interior. Primero en forma de lucha armada. A partir de los años 48 y 50 se produce el viraje de la lucha guerrillera a la acción de masas. Consecuentemente, los militantes del Partido Comunista fueron los que más duramente sufrieron la persecución y la represión franquista. Si bien una parte de la población española veía a lo que ya muchos llamaban “el partido” con un aura de heroísmo y lucha por las libertades, para otra parte de la población y muy especialmente para los que más directamente habían sido favorecidos por la dictadura, la legalización del PCE les traía recuerdos de una guerra civil a la que ni unos ni otros querían volver. De ahí la importancia que para todos tenía esa legalización.
El hecho concreto de la legalización se produjo el 9 de abril de 1977, pero para llegar a la publicación del decreto de legalización, tuvieron lugar una serie de acontecimientos que pretendo recordar en esta entrada. También se produjeron unas reacciones que en principio parecía que podían terminar de forma abrupta con el proceso de restauración democrática que se había iniciado.
Ahora que tanto se cuestiona el sentido de la transición, después de unos años en los que se ensalzaba como un modelo a seguir, creo que puede ser esclarecedor recordar el proceso que desembocó en la legalización del PCE y el entorno social y político en que se produjo. La importancia política que tuvo este hecho puede darnos algunas claves para entender mejor cómo fue la transición española desde una dictadura a un sistema democrático homologable con los que había en nuestro entorno.
El Partido Comunista de España durante el franquismo
Durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, el Partido Comunista de España tuvo un papel de gran relevancia en la vida política española. Una vez finalizada la guerra, mantiene la expectativa de que una victoria de los aliados frente al fascismo europeo supondría la caída del franquismo. Ante la evidencia de que las potencias no iban a hacer nada para desalojar a Franco del poder, decide continuar hostigando militarmente al franquismo a través de la lucha guerrillera, con la esperanza de un levantamiento popular.
La consolidación de la guerra fría y la incipiente oposición al franquismo en el interior hacen que el PCE inicie una nueva estrategia a partir de 1956 que se conoce como “Política de Reconciliación Nacional”. La celebración en diciembre de 1959 del VI Congreso, que tuvo lugar en Praga, se reitera en estas ideas de reconciliación y dirigió una carta a todas las fuerzas de oposición insistiendo en la celebración de una mesa redonda para buscar los puntos de coincidencia. En diciembre de 1962 es detenido Julián Grimau, que sería ejecutado el 20 de abril de 1963, a pesar de la ola de protestas internacionales que levantó. La ejecución tuvo lugar veinticuatro años después de la victoria franquista, lo que dejaba bien a las claras la vigencia de la acción represora de la dictadura.
“En la mitad de los años sesenta la organización del interior del PCE inicia una nueva fase ascendente al calor de las nuevas luchas que se desarrollan en España tanto en el mundo obrero como en el estudiantil” (SÁNCHEZ, J.: 2004, 248), sobre todo a través de su presencia y trabajo en las Comisiones Obreras. En enero de 1965 se recrudecen en Madrid las protestas estudiantiles, apoyadas por profesores. Son suspendidos, y posteriormente expulsados de sus cátedras Tierno Galván, Aranguren y García Calvo. En mayo de 1967 aparece el libro de Santiago Carrillo Nuevos enfoques a problemas de hoy, que formula la estrategia de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura, las nuevas relaciones con los católicos y la Iglesia. En 1968 es detenido y condenado Marcelino Camacho. También es detenido el dirigente comunista asturiano Horacio Fernández-Iguanzo, y condenado a 20 años de prisión, pero la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo. Las protestas contra el consejo de guerra de Burgos, que había comenzado el 3 de diciembre de 1970, por el que se juzgaba a dieciséis miembros de ETA y para los que el fiscal pedía seis penas de muerte, provocó la detención de destacados intelectuales y dirigentes comunistas. Seis de los procesados fueron condenados a pena de muerte. La campaña internacional obliga a Franco el 30 de diciembre a conmutar las penas de muerte. En junio de 1972 son detenidos en Pozuelo los dirigentes de CC.OO. que posteriormente serán juzgados en el famoso proceso 2001. Se les piden penas hasta de 20 años.
El VIII Congreso del PCE celebrado en París en agosto de 1972, confirma la propuesta de un “pacto para la libertad” como alternativa democrática, con un programa básico: Gobierno provisional de amplia coalición, amnistía, libertades políticas sin discriminación y elecciones a Cortes Constituyentes que decidirán sobre el régimen político-social del Estado. Ese mismo año hubo una gran conflictividad social llegando a realizarse 853 huelgas, sin contar las huelgas generales de Vigo y Ferrol. Destacaron la huelga de la construcción en Madrid y la de SEAT en Barcelona. En esta se produjo la muerte de un trabajador, lo que provocó al día siguiente una oleada de huelgas en todo el Estado.
En 1973 aparecen en la prensa grupos de escritores y políticos como el que firmaba como “Tácito” que pedían en el periódico Ya la democratización del régimen, pero el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de ese mismo año acelera el proceso de descomposición del franquismo. En el verano del siguiente año tiene lugar en París una serie de contactos de representantes del PCE y García Trevijano. Fruto de esas reuniones, se decidió ir a la constitución de una Junta Democrática, que hizo su presentación pública en París el 30 de julio de 1974, de la mano de Santiago Carrillo y Calvo Serer. “Pero, la Junta Democrática no aglutinaba al conjunto de la oposición antifranquista. Los contactos mantenidos con otras fuerzas que iban desde la democracia cristiana de Ruiz Giménez al PSOE no dieron los resultados apetecidos. La razón de fondo para su no participación parecía estar en el temor a terminar haciendo de satélites del PCE” (SÁNCHEZ, J.: 2004, 336).
En junio de 1975 se constituye la Plataforma de Convergencia Democrática, formada por dieciséis partidos y organizaciones sindicales, siendo los más importantes el PSOE, la Democracia Cristiana de Ruiz Giménez y el PNV. La plataforma nace “con una clara voluntad de ofrecer una alternativa excluyente de los comunistas” (CARRILLO, S.: 1983, 38).
El día 20 de noviembre de 1975 a las 5 horas y 25 minutos, muere Franco en la Ciudad Sanitaria de La Paz. A las siete y media de la mañana el entonces ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, hacía público en un breve mensaje de poco más de un minuto emitido por TVE, el último parte médico firmado por el equipo médico. A las diez, el presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, se dirigió a los españoles a través de la radio y la televisión, en un discurso de siete minutos, que comenzaba con la frase: “Españoles, Franco ha muerto” y a continuación leyó un mensaje que, según afirmaba el presidente, había escrito Franco antes de su muerte, dirigido a toda la nación y que se conoció como el testamento de Franco.
El franquismo tras la muerte de Franco
En cumplimiento de lo previsto por las leyes, el día 22 Juan Carlos fue proclamado Rey. Entre la clase política procedente del franquismo se agudiza el enfrentamiento entre reformistas e inmovilistas. Torcuato Fernández Miranda es nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino en sustitución de Alejandro Rodríguez de Varcárcel. Arias Navarro es renovado en su cargo de presidente de gobierno y el 13 de diciembre toma posesión el nuevo gobierno en el que entran algunos miembros reformistas como Areilza o Antonio Garrigues y en el que algunos medios de comunicación consideraban que Fraga era el nuevo hombre fuerte.
En enero de 1976, tiene lugar en Madrid un amplio movimiento huelguístico. El Comité de Coordinación de la Junta y la Plataforma hace un llamamiento a favor de los huelguistas. En este ambiente de movilización contra el franquismo, el Comité Ejecutivo del PCE del 20 de marzo formula cuatro propuestas para resolver el problema político. De forma resumida planteaba:
1. El establecimiento de un organismo único de la Junta y la Plataforma.
2. Recabar la adhesión al mismo de sectores populares y personalidades.
3. Apertura de negociaciones con todos los sectores representativos para crear un gobierno provisional que concluya un proceso constituyente.
4. Por último, mientras culmina la negociación, exigir derechos de huelga, reunión y manifestación así como la amnistía para presos políticos y sociales.
Cuatro días después se hacía público el acuerdo de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática de constituir un organismo único de toda la oposición.
El cuatro de mayo se publica el primer número de El País, un nuevo periódico que iba a tener un papel de gran importancia durante la transición. En su primer editorial establecía su convencimiento democrático y la necesidad de una reforma que garantizara una democracia real “con el reconocimiento de las libertades individuales y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes a través del sufragio universal”.
El enfrentamiento entre reformistas e inmovilistas tiene como consecuencia la caída del gobierno de Carlos Arias Navarro el día 1 de julio. El día 4 el rey nombra presidente de gobierno a Adolfo Suárez. El día 28 de julio el PCE solicita permiso para celebrar en Madrid la reunión del pleno del Comité Central. Ante la negativa, deciden realizarla en Roma, la última reunión en la clandestinidad. En esa reunión se decide salir a la superficie y se reiteran las ofertas de negociación para una solución democrática .
La ley para la reforma política
Una vez elegida la persona que debía liderar la reforma desde dentro del régimen, el recién elegido presidente de Gobierno comienza a elaborar la Ley para la Reforma Política. El Consejo de Ministros de 24 de agosto de 1976 aprueba el Anteproyecto de Ley. Suárez presentó su proyecto de Reforma Política en un discurso emitido en TVE el día 10 de septiembre. Las Cortes lo aprueban el 18 de noviembre con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La Coordinadora Democrática mantuvo una actitud contraria, pero progresivamente fue evolucionando de la ruptura democrática a la ruptura pactada (ARÓSTEGUI,J.: 2000, 26).
La reacción al discurso entre la oposición y la prensa más partidaria al cambio no fue favorable al anuncio de Suárez. Así la edición de El País del día siguiente incluía en su editorial lo siguiente:
“La principal promesa que Suárez ha ofrecido al país es que dentro de nueve meses unos diputados elegidos por sufragio universal van a recibir encima, y de golpe, el peso de los problemas institucionales que el actual Gobierno no sabe, no puede o no quiere resolver.[...] El presidente dio la sensación de conocer los problemas del momento, pero no dijo cómo piensa solucionarlos […] La nación necesitaba en esta hora un gobernante en quien creer y difícilmente va a ser él después de la alocución de anoche. El presidente ha logrado desinteresar a los españoles en el cambio político que ofrece”.En la misma edición se recogía la opinión de representantes de grupos políticos y resumía las respuestas con el titular del artículo: “El discurso del presidente no convenció”.
El hecho concreto de la legalización se produjo el 9 de abril de 1977, pero para llegar a la publicación del decreto de legalización, tuvieron lugar una serie de acontecimientos que pretendo recordar en esta entrada. También se produjeron unas reacciones que en principio parecía que podían terminar de forma abrupta con el proceso de restauración democrática que se había iniciado.
Ahora que tanto se cuestiona el sentido de la transición, después de unos años en los que se ensalzaba como un modelo a seguir, creo que puede ser esclarecedor recordar el proceso que desembocó en la legalización del PCE y el entorno social y político en que se produjo. La importancia política que tuvo este hecho puede darnos algunas claves para entender mejor cómo fue la transición española desde una dictadura a un sistema democrático homologable con los que había en nuestro entorno.
El Partido Comunista de España durante el franquismo
Durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, el Partido Comunista de España tuvo un papel de gran relevancia en la vida política española. Una vez finalizada la guerra, mantiene la expectativa de que una victoria de los aliados frente al fascismo europeo supondría la caída del franquismo. Ante la evidencia de que las potencias no iban a hacer nada para desalojar a Franco del poder, decide continuar hostigando militarmente al franquismo a través de la lucha guerrillera, con la esperanza de un levantamiento popular.
La consolidación de la guerra fría y la incipiente oposición al franquismo en el interior hacen que el PCE inicie una nueva estrategia a partir de 1956 que se conoce como “Política de Reconciliación Nacional”. La celebración en diciembre de 1959 del VI Congreso, que tuvo lugar en Praga, se reitera en estas ideas de reconciliación y dirigió una carta a todas las fuerzas de oposición insistiendo en la celebración de una mesa redonda para buscar los puntos de coincidencia. En diciembre de 1962 es detenido Julián Grimau, que sería ejecutado el 20 de abril de 1963, a pesar de la ola de protestas internacionales que levantó. La ejecución tuvo lugar veinticuatro años después de la victoria franquista, lo que dejaba bien a las claras la vigencia de la acción represora de la dictadura.
“En la mitad de los años sesenta la organización del interior del PCE inicia una nueva fase ascendente al calor de las nuevas luchas que se desarrollan en España tanto en el mundo obrero como en el estudiantil” (SÁNCHEZ, J.: 2004, 248), sobre todo a través de su presencia y trabajo en las Comisiones Obreras. En enero de 1965 se recrudecen en Madrid las protestas estudiantiles, apoyadas por profesores. Son suspendidos, y posteriormente expulsados de sus cátedras Tierno Galván, Aranguren y García Calvo. En mayo de 1967 aparece el libro de Santiago Carrillo Nuevos enfoques a problemas de hoy, que formula la estrategia de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura, las nuevas relaciones con los católicos y la Iglesia. En 1968 es detenido y condenado Marcelino Camacho. También es detenido el dirigente comunista asturiano Horacio Fernández-Iguanzo, y condenado a 20 años de prisión, pero la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo. Las protestas contra el consejo de guerra de Burgos, que había comenzado el 3 de diciembre de 1970, por el que se juzgaba a dieciséis miembros de ETA y para los que el fiscal pedía seis penas de muerte, provocó la detención de destacados intelectuales y dirigentes comunistas. Seis de los procesados fueron condenados a pena de muerte. La campaña internacional obliga a Franco el 30 de diciembre a conmutar las penas de muerte. En junio de 1972 son detenidos en Pozuelo los dirigentes de CC.OO. que posteriormente serán juzgados en el famoso proceso 2001. Se les piden penas hasta de 20 años.
El VIII Congreso del PCE celebrado en París en agosto de 1972, confirma la propuesta de un “pacto para la libertad” como alternativa democrática, con un programa básico: Gobierno provisional de amplia coalición, amnistía, libertades políticas sin discriminación y elecciones a Cortes Constituyentes que decidirán sobre el régimen político-social del Estado. Ese mismo año hubo una gran conflictividad social llegando a realizarse 853 huelgas, sin contar las huelgas generales de Vigo y Ferrol. Destacaron la huelga de la construcción en Madrid y la de SEAT en Barcelona. En esta se produjo la muerte de un trabajador, lo que provocó al día siguiente una oleada de huelgas en todo el Estado.
En 1973 aparecen en la prensa grupos de escritores y políticos como el que firmaba como “Tácito” que pedían en el periódico Ya la democratización del régimen, pero el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de ese mismo año acelera el proceso de descomposición del franquismo. En el verano del siguiente año tiene lugar en París una serie de contactos de representantes del PCE y García Trevijano. Fruto de esas reuniones, se decidió ir a la constitución de una Junta Democrática, que hizo su presentación pública en París el 30 de julio de 1974, de la mano de Santiago Carrillo y Calvo Serer. “Pero, la Junta Democrática no aglutinaba al conjunto de la oposición antifranquista. Los contactos mantenidos con otras fuerzas que iban desde la democracia cristiana de Ruiz Giménez al PSOE no dieron los resultados apetecidos. La razón de fondo para su no participación parecía estar en el temor a terminar haciendo de satélites del PCE” (SÁNCHEZ, J.: 2004, 336).
En junio de 1975 se constituye la Plataforma de Convergencia Democrática, formada por dieciséis partidos y organizaciones sindicales, siendo los más importantes el PSOE, la Democracia Cristiana de Ruiz Giménez y el PNV. La plataforma nace “con una clara voluntad de ofrecer una alternativa excluyente de los comunistas” (CARRILLO, S.: 1983, 38).
El día 20 de noviembre de 1975 a las 5 horas y 25 minutos, muere Franco en la Ciudad Sanitaria de La Paz. A las siete y media de la mañana el entonces ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban, hacía público en un breve mensaje de poco más de un minuto emitido por TVE, el último parte médico firmado por el equipo médico. A las diez, el presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, se dirigió a los españoles a través de la radio y la televisión, en un discurso de siete minutos, que comenzaba con la frase: “Españoles, Franco ha muerto” y a continuación leyó un mensaje que, según afirmaba el presidente, había escrito Franco antes de su muerte, dirigido a toda la nación y que se conoció como el testamento de Franco.
El franquismo tras la muerte de Franco
En cumplimiento de lo previsto por las leyes, el día 22 Juan Carlos fue proclamado Rey. Entre la clase política procedente del franquismo se agudiza el enfrentamiento entre reformistas e inmovilistas. Torcuato Fernández Miranda es nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino en sustitución de Alejandro Rodríguez de Varcárcel. Arias Navarro es renovado en su cargo de presidente de gobierno y el 13 de diciembre toma posesión el nuevo gobierno en el que entran algunos miembros reformistas como Areilza o Antonio Garrigues y en el que algunos medios de comunicación consideraban que Fraga era el nuevo hombre fuerte.
En enero de 1976, tiene lugar en Madrid un amplio movimiento huelguístico. El Comité de Coordinación de la Junta y la Plataforma hace un llamamiento a favor de los huelguistas. En este ambiente de movilización contra el franquismo, el Comité Ejecutivo del PCE del 20 de marzo formula cuatro propuestas para resolver el problema político. De forma resumida planteaba:
1. El establecimiento de un organismo único de la Junta y la Plataforma.
2. Recabar la adhesión al mismo de sectores populares y personalidades.
3. Apertura de negociaciones con todos los sectores representativos para crear un gobierno provisional que concluya un proceso constituyente.
4. Por último, mientras culmina la negociación, exigir derechos de huelga, reunión y manifestación así como la amnistía para presos políticos y sociales.
Cuatro días después se hacía público el acuerdo de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática de constituir un organismo único de toda la oposición.
El cuatro de mayo se publica el primer número de El País, un nuevo periódico que iba a tener un papel de gran importancia durante la transición. En su primer editorial establecía su convencimiento democrático y la necesidad de una reforma que garantizara una democracia real “con el reconocimiento de las libertades individuales y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes a través del sufragio universal”.
El enfrentamiento entre reformistas e inmovilistas tiene como consecuencia la caída del gobierno de Carlos Arias Navarro el día 1 de julio. El día 4 el rey nombra presidente de gobierno a Adolfo Suárez. El día 28 de julio el PCE solicita permiso para celebrar en Madrid la reunión del pleno del Comité Central. Ante la negativa, deciden realizarla en Roma, la última reunión en la clandestinidad. En esa reunión se decide salir a la superficie y se reiteran las ofertas de negociación para una solución democrática .
La ley para la reforma política
Una vez elegida la persona que debía liderar la reforma desde dentro del régimen, el recién elegido presidente de Gobierno comienza a elaborar la Ley para la Reforma Política. El Consejo de Ministros de 24 de agosto de 1976 aprueba el Anteproyecto de Ley. Suárez presentó su proyecto de Reforma Política en un discurso emitido en TVE el día 10 de septiembre. Las Cortes lo aprueban el 18 de noviembre con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La Coordinadora Democrática mantuvo una actitud contraria, pero progresivamente fue evolucionando de la ruptura democrática a la ruptura pactada (ARÓSTEGUI,J.: 2000, 26).
La reacción al discurso entre la oposición y la prensa más partidaria al cambio no fue favorable al anuncio de Suárez. Así la edición de El País del día siguiente incluía en su editorial lo siguiente:
“La principal promesa que Suárez ha ofrecido al país es que dentro de nueve meses unos diputados elegidos por sufragio universal van a recibir encima, y de golpe, el peso de los problemas institucionales que el actual Gobierno no sabe, no puede o no quiere resolver.[...] El presidente dio la sensación de conocer los problemas del momento, pero no dijo cómo piensa solucionarlos […] La nación necesitaba en esta hora un gobernante en quien creer y difícilmente va a ser él después de la alocución de anoche. El presidente ha logrado desinteresar a los españoles en el cambio político que ofrece”.En la misma edición se recogía la opinión de representantes de grupos políticos y resumía las respuestas con el titular del artículo: “El discurso del presidente no convenció”.
Los sindicatos CC.OO., U.G.T. y U.S.O. constituyeron en septiembre la Coordinadora de Organizaciones Sindicales y el día 23 de octubre se crea la Plataforma de Organismos Democráticos, que agrupa a Coordinación Democrática y la Assemblea de Cataluña, la Assemblees Democratiques de les Illes Balears, la Coordinadora de fuerzas Democráticas de Canarias, la Taboa Democrática de Galiza y la Taula de Forces Politiques i Sindicals del Païs Valencià, asistiendo como observadores algunos partidos del País Vasco. “A finales de 1976 la oposición democrática perdió dos batallas contra el gobierno reformista cuyo efecto sería el dejar definitivamente la iniciativa del proceso en manos de éste. La primera derrota fue el fracaso de la jornada de paro general de 24 horas convocada por la COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales) el 12 de noviembre; la segunda, y más importante, fue la llamada a la abstención hecha por los organismos de la oposición al referéndum del 15 de diciembre” (SÁNCHEZ, J.: 2004, 419).
Mundo Obrero expresaba de forma clara su oposición al referéndum en su editorial del mes de noviembre, en el que señalaba que “el referéndum que se prefigura será un referéndum sin libertades, […] las elecciones nacerán por tanto muertas”. El diario El País informaba en su edición de 5 de noviembre de la reunión mantenida en Las Palmas por la Plataforma de Organizaciones Democráticas y en la que, en su primera reunión, manifestaban su desacuerdo con el referéndum.
El referéndum para la aprobación de la Ley para la Reforma Política se celebró el día 15 de diciembre. La participación fue de 77,7% con un 94,1% de votos afirmativos, la abstención solo fue significativa en Galicia y, especialmente, en el País Vasco, donde la participación fue de un 69,8% y un 53,9% respectivamente.
(Continúa en la próxima entrada)
Mundo Obrero expresaba de forma clara su oposición al referéndum en su editorial del mes de noviembre, en el que señalaba que “el referéndum que se prefigura será un referéndum sin libertades, […] las elecciones nacerán por tanto muertas”. El diario El País informaba en su edición de 5 de noviembre de la reunión mantenida en Las Palmas por la Plataforma de Organizaciones Democráticas y en la que, en su primera reunión, manifestaban su desacuerdo con el referéndum.
El referéndum para la aprobación de la Ley para la Reforma Política se celebró el día 15 de diciembre. La participación fue de 77,7% con un 94,1% de votos afirmativos, la abstención solo fue significativa en Galicia y, especialmente, en el País Vasco, donde la participación fue de un 69,8% y un 53,9% respectivamente.
(Continúa en la próxima entrada)
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